Para el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) las cifras resultantes de la actualización del Sistema de Cuentas Nacionales de El Salvador (SCNES) reconfirman que el modelo económico está exhausto y las finanzas públicas tienen problemas estructurales: niveles de gasto público exiguos para alcanzar mayor desarrollo, ingresos públicos insuficientes y regresivos, déficits fiscales estructurales y niveles de deuda insostenibles.

El Icefi saluda el esfuerzo realizado por el Banco Central de Reserva y otras instituciones estatales para producir, compilar y sistematizar la información básica que permitió actualizar el SCNES. Sin embargo, lamenta que hayan tenido que pasar más de dos décadas para que esto sucediera. El nuevo sistema, contiene una serie de novedades que permitirán medir de mejor forma la actividad económica del país. El Instituto considera que esta innovación, en conjunto con otras, permitirá realizar diagnósticos más fiables de la economía, y con ello el desarrollo de propuestas que logren mejorar la situación económica y social del país. Por ello, reitera la importancia de actualizar de forma periódica las estadísticas oficiales.

Entre los principales resultados de esta actualización se encuentra que la economía es más pequeña al estimado con el sistema anterior, y confirma las magras tasas de crecimiento, como consecuencia de los hechos económicos y sociales acaecidos en las últimas décadas. Para el período 2005-2017 el PIB fue, en promedio, 12.4% menor. Una de las innovaciones del nuevo sistema es la inclusión del enfoque del ingreso para medir el PIB. Los datos reflejan que, entre 2005 y 2017, la participación de las remuneraciones en el producto decreció en 1.2 puntos porcentuales (pasando de 38.9 a 37.7%), mientras que el excedente bruto de explotación —obtenidos por propiedad del capital— creció en 2.5 puntos porcentuales (pasando de 36.5 a 39.0%), indicando que las ganancias de las empresas han crecido a un ritmo mayor al de los ingresos de los trabajadores.  Para el Instituto, las nuevas cifras económicas, sumadas a la realidad social, reafirman que el modelo económico implementado desde la década de 1990, aún vigente, está exhausto.

Una de las consecuencias de esta realidad, es que, aunque los montos en millones de dólares de deuda pública, ingresos públicos —incluyendo impuestos— y gasto público no variaron con el nuevo SCNES, sí cambian al compararlos con el tamaño de la economía. Estos cambios reafirman que los problemas fiscales salvadoreños son estructurales, tal como lo ha señalado el Icefi a lo largo de sus investigaciones.

Las aspiraciones al desarrollo de un país deben ser congruentes con el tamaño de su gasto público. Las nuevas cifras revelan que el tamaño del sector público no financiero (SPNF) aumentó solo 3 puntos porcentuales del PIB en 18 años. Luego de una tendencia creciente entre 2004 y 2009, el gasto se estableció en torno al 24% del PIB, mientras que el de 2017 es inferior al de 2009. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimaba que el gasto público promedio a nivel mundial, para 2017, fue de 33% del PIB del gobierno general. En 2017 el gasto del gobierno central consolidado salvadoreño alcanzó apenas un 19.3%.

La mayor fuente de financiamiento del sector público han sido los impuestos, que, entre 2000 y 2017, representaron en promedio el 90.8% de los ingresos disponibles. En ese periodo el Estado incrementó la carga tributaria neta, de 11.4 a 17.8%, un crecimiento sustancial debido a la implementación de cinco reformas en menos de una década. Pese a este incremento en los ingresos, la carga tributaria (17.4% en 2016) continúa por debajo del promedio de 19.1% registrado en América Latina y el Caribe, y del 24.9% (sin incluir seguridad social) en los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos. Además de la insuficiencia y a pesar de las reformas efectuadas, la estructura tributaria sigue siendo regresiva, más agravantes como privilegios fiscales excesivos y niveles de evasión altos, constituyen retos importantes para mejorar el sistema tributario.

Otra característica de las finanzas públicas salvadoreñas son sus déficits fiscales estructurales, que se agravan cuando se agrega el resultado presupuestario producto de la privatización del sistema de pensiones. En términos generales, el costo previsional ha representado casi la mitad del déficit fiscal total anual. Desde 2013 la contención del gasto pública ha logrado por un lado reducir el déficit fiscal, pero por otro castigó la inversión pública y el gasto en desarrollo social, una política insostenible y contraria a cualquier estrategia de desarrollo. Como consecuencia de los altos déficit, los niveles de deuda pública se han incrementado considerablemente. La deuda del SPNF pasó del 33.2% del PIB en 2000 a 52.6% del PIB en 2017. Si se agregan las obligaciones del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), el saldo de la deuda alcanzó en 2017 el 71% del PIB, un nivel insostenible.

A criterio del Icefi, más allá del déficit fiscal y los altos niveles de deuda pública, el problema principal de la política fiscal salvadoreña estriba en su insuficiente impacto en la promoción del bienestar social y de un crecimiento económico sostenido, sostenible e inclusivo, elementos indispensables para la democracia y el desarrollo.

Ante esta realidad, y en las vísperas del proceso de elecciones presidenciales, el Icefi hará público en las próximas semanas una propuesta de acuerdo fiscal para El Salvador. El Instituto espera que este esfuerzo constituya un insumo para el diálogo, aportando una agenda integral de corto, mediano y largo plazos con propuestas de transparencia fiscal, mejora del gasto y de los ingresos públicos y recomendaciones para un manejo sostenible y estratégico de la deuda pública. Con este aporte, el Instituto espera contribuir a que El Salvador alcance un acuerdo fiscal justo, transparente e incluyente, que modernice su política fiscal con fundamentos, estrategias, herramientas y metas que sustenten su legitimidad y efectos ante la sociedad.

San Salvador, Centroamérica 27 de abril de 2018.

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