pacto fiscal
En mi columna anterior mencionaba sobre la urgente necesidad de que la administración del presidente Bukele cumpla con su promesa de campaña de lograr un pacto fiscal, como parte de un proceso amplio de participación y discusión frente a la sociedad que permita construir una política fiscal más sostenible, justa y transparente, pero sobretodo que consiga que el Estado salvadoreño cumpla con su mandato de garantizar el bienestar y los derechos de todos y todas.
Pasaron las elecciones, los resultados fueron los esperados y, en un par de meses asumirá funciones una nueva legislatura. Una que, como quedó más que claro durante la campaña electoral, trabajará de mano con el Ejecutivo. En este nuevo contexto, con el Ejecutivo y el Legislativo bajo el control absoluto del presidente ya no habrá excusas para no trabajar en beneficio de la población.
El foro «Presupuesto por resultados Fiscalidad-Financiación para el desarrollo» se realizó el 8 de septiembre en la Universidad de El Salvador, como parte de las actividades del diplomado en Legislación tributaria y fiscal que realiza Motues Sector Estudiantil, en conjunto con el Ministerio de Hacienda.
En 1998 las autoridades hondureñas promovieron la creación de la Ley de Incentivos al Turismo, que tenía como propósito promover el aumento de inversiones privadas y empleo en las diversas regiones turísticas del país. Han pasado 27 años desde la vigencia de dicha ley, y se desconocen estudios oficiales que evalúen si se han cumplido los objetivos primordiales de este trato privilegiado al sector turístico.
En las últimas dos semanas, se han venido desarrollando en El Salvador acontecimientos que han puesto el tema fiscal en el centro de las discusiones, tanto del gobierno como de los sectores políticos y grupos de opinión. Hablo del Acuerdo para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Económico, firmado entre el Gobierno y los principales partidos políticos, acompañado de la Ley de Responsabilidad Fiscal.
La clase política salvadoreña ha desgastado las palabras «acuerdo fiscal». No porque se hayan esmerado por conseguirlo, sino porque este término ha sido utilizado para demostrar que la otra parte (Gobierno o partido de oposición) es quien se opone a alcanzarlo. No obstante, ahora que se aborda este tema, valdría la pena recordarles a los políticos para qué sirve la política fiscal.
En los últimos días hemos leído o escuchado que El Salvador puede caer en default, una palabra que no aparece en el diccionario de la RAE, pero cuyas consecuencias pueden ser devastadoras para un país entero. En términos prácticos el default se da cuando el Gobierno no tiene el dinero suficiente para pagar a quienes les debe; y de acuerdo al Ministro de Hacienda eso sucederá el 7 de octubre, cuando no tenga los recursos para pagar los Certificados de Inversión Previsional (CIP).
Hace un par de semanas muchas personas se mostraron admiradas al conocer que según sus ingresos moderados se situaban entre los grupos con mayores recursos del país y, como a pesar de esto, tendrían que trabajar décadas enteras para alcanzar los ingresos mensuales de un multimillonario. Es así como la “Calculadora de la desigualdad” presentada por Oxfam y Ojo Público permite a cualquier ciudadano comparar los ingresos familiares con lo que ganan los multimillonarios de El Salvador y con el resto de la sociedad.
Sobre las finanzas públicas, aunque con matices, hay una noción generalizada de que existe una crisis y que cada día que pasa sin hacer algún tipo de reforma la situación empeora. No obstante, para algunos el problema está en los ingresos: baja recaudación, estructura injusta, privilegios injustificados, débil administración tributaria, etcétera. Para otros el problema está en el gasto: corrupción, despilfarro, ineficiencia, entre otros.
En El Salvador no tenemos una crisis de las finanzas públicas, tenemos una crisis política. Fue el enunciado de inicio de mi anterior columna, y los acontecimientos de la última semana hacen necesario que la vuelva a retomar para la presente columna de conclusión.
