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Comunicados

Guatemala: Icefi rechaza propuesta legislativa de crear un régimen de privilegios fiscales abusivos para el sector agropecuario

     

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) se suma al rechazo a la aprobación de la iniciativa de ley número de registro 5182, dictaminada favorablemente el 17 de enero de 2017 por la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Congreso de la República, proponiendo la aprobación de una Ley de Facilitación Tributaria para la Formalización del Sector Agropecuario de la República de Guatemala.

El Icefi recalca que todos los principios de justicia tributaria de una democracia funcional, incluido el artículo 243 de la Constitución Política de la República, demandan que un sistema tributario debe ser justo y equitativo, y con ello, no debe permitir tratamientos diferenciados que busquen privilegiar sectores particulares. Sin embargo, resultado de los análisis y estudios técnicos que en los últimos meses de 2016 realizaron a la propuesta original contenida en la referida iniciativa de ley (entonces titulada Ley de Fomento y Desarrollo de la Ganadería Bovina, Ovina, Caprina y Porcina de la República de Guatemala), el Ministerio de Finanzas Públicas (MinFin) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) concluyeron la inconveniencia de su aprobación, ya que violaba los principios básicos de justicia y equidad tributaria, y además generaría pérdidas cuantiosas de recursos del presupuesto público.

El Icefi lamenta que, pese a las opiniones desfavorables de estas entidades rectoras de la política fiscal, la iniciativa de ley haya sido dictaminada favorablemente, en una versión cuya aprobación generaría daños fiscales aún peores que de los que generaría la versión original. El Icefi alerta que la versión dictaminada favorablemente amplía el alcance de los privilegios fiscales abusivos propuestos, ya que además de las actividades ganadera y pesquera, privilegiaría también a prácticamente todo el sector agropecuario. El Icefi advierte que la estimación de la pérdida fiscal de Q 1,156 millones anuales que la SAT estimó en diciembre de 2016,[1] correspondía a la versión original acotada a la ganadería y la pesca, pero que con la versión dictaminada la pérdida fiscal sería significativamente mayor, razón por la que urge a la SAT y al MinFin a actualizar la estimación del daño fiscal que se produciría en caso el Congreso apruebe la propuesta ampliada.

Por otro lado, el Instituto explica que la aprobación de la propuesta no sólo causaría pérdidas financieras, sino también constituiría un impedimento mayúsculo a la lucha contra la corrupción y la impunidad. La iniciativa de ley propone disposiciones inaceptables que promueven la impunidad y protegerían a personas que por muchos años han defraudado al sistema tributario. En particular, entre varias propuestas cuestionables, el Icefi rechaza el contenido del artículo 20 de la iniciativa de ley, que bajo el epígrafe «Prevalencia de la buena fe», propone «En el proceso de inscripción y permanencia en el régimen tributario [especial para los sectores beneficiados] prevalece la buena fe del contribuyente agropecuario, por lo que la SAT se abstiene de requerir información o documentos que generen costos o trámites adicionales al contribuyente». A criterio del Instituto, esta propuesta pretende «legalizar» la comisión del delito de resistencia a la acción fiscalizadora de la administración tributaria, creado y tipificado en el artículo 358 “D” del Código Penal vigente.

El Icefi se suma al llamado al Honorable Congreso de la República a no aprobar esta iniciativa de ley, y propone que sea la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda el espacio para que, con la participación abierta y transparente del MinFin, la SAT y la sociedad civil, se discutan este tipo de propuestas con impactos fiscales importantes. Insiste además en que estas discusiones deben gozar de respaldo técnico muy sólido, evitando aprobar privilegios abusivos e injustificados que disminuyen cualquier posibilidad de avanzar hacia un Estado con recursos y capacidades para enfrentar la corrupción, la pobreza y la inseguridad, entre otras obligaciones.

Guatemala, Centroamérica, 31 de enero de 2017.

Para más información, comunicarse con Juan Pablo Ozaeta al teléfono (502) 2505-6363, al celular (502) 5901-5945 o al correo electrónico juanpablo.ozaeta@icefi.org




[1] Dictamen DCC-SAT-82-2016.