El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) participó en la sesión celebrada ayer en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM) del Congreso de la República, en la que presentó los principales hallazgos y las recomendaciones de su primer análisis técnico del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026,[1] formalmente presentado como la iniciativa de ley número de registro 6625.[2]

En su presentación[3] el Icefi argumentó que el total de la proyección de ingresos tributarios para 2026 corrige la subestimación que plagó las metas de recaudación en los cuatro años anteriores, aunque consideró modesta la meta resultante. Sin embargo, cuestionó la distribución por impuesto de la proyección de ingresos tributarios para 2026, toda vez los Q2,579.9 millones y Q4,627.1 millones proyectados en los rubros de Otros impuestos directos y Otros impuestos indirectos, respectivamente,están severamente sobreestimados, mientras que otras proyecciones, como las de los impuestos sobre la renta o del valor agregado están notoriamente subestimadas, distorsionando la base de cálculo de los aportes constitucionales y de asignaciones de gasto específicas.

El Instituto presentó datos detallados sobre el destino de la deuda bonificada que el Ejecutivo ha solicitado al Congreso de la República aprobar para 2026 por Q27,598.9 millones. Destacó que 34.5% de este monto se destinaría al pago de deuda pública, solamente 11.5% para inversión y los restantes 54.1% para gastos de funcionamiento, en contravención a la prohibición expresa normada en la última oración del artículo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto. Recomendó a la CFMP solicitar al Ejecutivo ampliar y profundizar su justificación para esta solicitud.

Recomendó a la CFPM observar cuidado especial en analizar las asignaciones de gasto por entidad del proyecto de presupuesto para 2026 comparando con el presupuesto vigente de 2025 a la última fecha disponible. Ejemplificó que si, por ejemplo, se evalúa la asignación presupuestaria solicitada para 2026 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda de Q7,140.2 millones, comparándola con la asignación presupuestaria inicial de 2025 por Q9,929.9 millones, la diferencia es una reducción abultada de Q2,789.7 millones. Sin embargo, el Icefi advierte que lo correcto es comparar con la asignación presupuestaria vigente a la fecha más reciente disponible, en este caso, al 31 de agosto de 2025, por Q7,648.8 millones, respecto a la cual el recorte es de Q508.6 millones, posiblemente relacionado con el convenio con el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos de América para el apoyo con obras de infraestructura y otros similares.

En general, el Icefi recomendó a la CFPM elevar el nivel de la discusión técnica de las audiencias con las autoridades de cada ministerio y entidades del Ejecutivo, preparándolas con información de la estructura programática de sus presupuestos, detallando los datos por programa, subprograma, proyecto, actividad u obra. En el caso de las asignaciones para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede), el Icefi reiteró sus argumentos técnicos en cuanto a la capacidad real para ejecutar sus asignaciones presupuestarias, la inconveniencia de continuar aprobado aportes extraordinario voluminosos que, tal como lo ha advertido en sus comunicados y la experiencia ahora lo demuestra, en realidad quedan sin ejecutar.

También argumentó que las dificultades de los Codede para ejecutar sus asignaciones presupuestarias no se resuelven con alteraciones al carácter anual del presupuesto estatal, establecido en la Constitución Política de la República, como las aprobadas en el Decreto del Congreso de la República número 7-2025, el cual se ha solicitado al Presidente de la República vetar [4] o las que, por otro lado, el Ejecutivo propone en el artículo 55 de la iniciativa de ley número de registro 6625, el cual el Icefi recomendó a la CFPM suprimir en su dictamen. Destacó que esa problemática está más asociada con debilidades profundas en las capacidades de las municipalidades para planificar proyectos multianuales que con las asignaciones presupuestarias anuales, y recomendó entablar conversaciones técnicas con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República, el ente rector y autoridad superior en la materia.

El Icefi recomendó a la CFPM corregir las normas complementarias para la ejecución presupuestaria, contenidas en el articulado de la iniciativa de ley 6625, suprimiendo, además de la propuesta en el ya mencionado artículo 55, otras ampliaciones presupuestarias preautorizadas, toda vez constituyen una contingencia de inconstitucionalidad por no especificar montos, fuentes de financiamiento o unidades ejecutoras. También recomendó a la CFPM solicitar al Ejecutivo mayor explicación y detalle de la justificación de la contratación de una entidad asesora internacional para mejorar la calificación de riesgo país (artículo 91), transparentar y establecer la obligación legal de publicar las comisiones y gastos que se paguen a organismos internacionales con los que suscriban convenios para intervenciones e inversiones estratégicas (artículos 103 y 114), y evaluar la pertinencia y prioridad de dedicar Q52 millones para la realización en Guatemala de una Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (artículo 115), toda vez pueden haber otras acciones con mayor prioridad, como financiar la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil, a la fecha, sin asignación presupuestaria asegurada.

El Instituto finalizó informándole a las y los diputados de la CFPM que durante octubre de 2025 publicará un estudio a profundidad del proyecto de presupuesto para 2026, en el que ampliará y detallará estos primeros elementos de análisis técnico.