El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) realizó, en conjunto con la Diputada Presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, señora Silvia Hernández, un foro para debatir sobre diez desafíos estructurales que enfrentan las Finanzas Públicas de Costa Rica, y reflexionar sobre cómo atenderlos de manera efectiva. En ese sentido, Icefi sostuvo que, a pesar de los resultados esperados de la reforma fiscal aprobada en 2018, el Estado costarricense requiere lograr un acuerdo político en materia fiscal, integral y con visión de largo plazo, que permita la sostenibilidad y suficiencia fiscal con el fin de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS2030) y, sobre todo, eliminar los actuales riesgos de retroceso en el bienestar de los costarricenses.

El Instituto, tras analizar el desarrollo de las finanzas públicas costarricenses en los últimos veinte años, ha identificado diez desafíos estructurales que deben ser atendidos. El primero lo constituye la insuficiencia del gasto público para garantizar, promover y proteger los derechos de la población consagrados en la Constitución Política. En ese sentido, el gasto público del Gobierno Central de Costa Rica ha oscilado en los últimos años, en alrededor del 20.0% del PIB. Dicho nivel de gasto, aunque es uno de los más altos de Centroamérica, no ha sido suficiente para evitar que dos costarricenses de cada diez vivan en condiciones de pobreza; que la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, prácticamente se haya duplicado en los últimos años, mientras persisten niños y adolescentes, especialmente en preescolar y secundario II, que no tienen acceso a la educación. 

La debilidad relativa del aparato fiscal durante el siglo XXI, también ha visto reducir en la última década el crecimiento del PIB a niveles promedio de 3.7%, por debajo del 4.8% reportado en los primeros ocho años del siglo. Esta ralentización económica puede explicarse, entre otros factores, por la relativamente insuficiente y baja calidad de la infraestructura vial del país, la percepción de corrupción en el manejo de los recursos públicos y el aumento de la desigualdad económica. Acerca de este último aspecto es importante denotar que Costa Rica es el único país del istmo en donde empeoró la distribución de la riqueza en las últimas dos décadas.

Conforme estimaciones de Icefi, para cumplir con los compromisos básicos que implican los ODS2030  —manteniendo constante los niveles de eficiencia en la ejecución pública—, será necesario aumentar el gasto gradualmente, entre 2020 y 2030, hasta el 28.6% del PIB. El Instituto reconoció que este esfuerzo podría ser menor si los recursos se utilizan con más transparencia y se mejora la ejecución en función de evaluaciones rigurosas de los resultados conseguidos. Por ello, la mejora de la transparencia, la evaluación de resultados y la rendición de cuentas constituyen el segundo desafío fiscal de Costa Rica. Los niveles de percepción de corrupción definidos por Transparencia Internacional, en su Índice de Percepción de Corrupción, aumentaron en 2018, aunque en esencia no han cambiado desde 2012. De igual forma, el Índice de desviación de fondos públicos del World Economic Forum muestra un retroceso, y el Índice de Presupuesto Abierto sigue posicionando al Estado costarricense en el promedio, muy lejos de los Estados con las mejores prácticas de transparencia presupuestaria.

El tercer desafío corresponde a la debilitada sostenibilidad fiscal del país, que encuentra entre sus principales manifestaciones unos ingresos tributarios que alcanzan en promedio alrededor del 13.0% del PIB en los últimos años —sin contar los ingresos destinados a la seguridad social—; mientras que los gastos del presupuesto, excluyendo el servicio de la deuda, han representado en promedio, en los últimos años,  alrededor del 17.0% del PIB.  Al adicionar a este desbalance el servicio de la deuda, se registra anualmente un mayor deterioro fiscal que dificulta la gestión efectiva de las finanzas públicas.  

El cuarto desafío gira en torno al hecho que durante el presente siglo, los diferentes gobiernos y legislaturas no han podido elevar la carga tributaria, que ha permanecido prácticamente constante en alrededor del 13.0% del PIB. Esta situación ha sido resultado tanto de la falta de consenso y la polarización política, como de otros factores que el Instituto ha identificado relacionados con esfuerzos administrativos para mejorar la recaudación de los impuestos existentes, alcanzables sin necesidad de elevar las tasas tributarias. El desafío número cinco gira en torno a que se debe mejorar la eficiencia en el combate de la evasión fiscal, que de acuerdo a cifras del Ministerio de Hacienda y del Fondo Monetario Internacional, se mantiene en alrededor del 60.0% para el Impuesto Sobre la Renta y el 31.1% en el Impuesto Sobre Ventas. El desafío número seis corresponde a la necesaria modernización del ISR que permita el combate a los flujos ilícitos de capitales, que representan, conforme el Global Financial Integrity, cerca del 18% del PIB; y que obliga, especialmente ante el interés de Costa Rica de pertenecer a la OCDE, a implementar el principio de renta mundial. Por su parte, el desafío número siete lo constituye la necesaria revisión y limitación de la estrategia de gasto tributario para promover la inversión en el país, la que según el Instituto, no ha tenido los efectos de largo plazo deseados, y representa la pérdida de más de 5.0% del PIB anual en recaudación.

El desafío número ocho lo presenta la necesidad de modernizar la estructura tributaria del país, que debido a la prevalencia de impuestos indirectos, tiene rasgos regresivos. Dicha situación la ocasiona no solo que la mayor parte de impuestos son al consumo, sino también que algunos segmentos económicos de gran capacidad de pago quedan al margen del pago de impuestos, violando así el principio constitucional de capacidad de pago.

El desafío número nueve, y que parece estar muy latente para los costarricenses, es el creciente déficit fiscal.   Dicha deficiencia –que ha representado alrededor del 6.0% del PIB en los últimos años– podría reducirse si la recién aprobada reforma fiscal de 2018 tiene éxito en su ejecución. Sin embargo, aun cuando se estima que la reforma tributaria rendirá alrededor del 1.5% del PIB en el período 2019-2022, el efecto sobre el gasto es menos claro debido a la dificultad que sugiere la aplicación de la regla fiscal, que implicaría la reducción (más allá de los ajustes en las remuneraciones incluidas en la ley) de rubros en los gastos de funcionamiento, ajenos al pago de intereses de la deuda, por alrededor de 0.8% del PIB en 2020, 0.7% en 2021 y 0.6% en 2022. Icefi anticipó las dificultades en la implementación de esta medida, debido a la rigidez presupuestaria de Costa Rica. Finalmente, el desafío número diez gira en torno a los rasgos de insostenibilidad observados en la deuda pública, tanto por su estructura, como por la tasa de interés a la que ha sido negociada la misma.

Finalmente, Icefi presentó un conjunto de recomendaciones técnicas para avanzar en los próximos diez años en la eliminación de los desafíos antes mencionados. Éstos incluyen medidas para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, así como sugerencias para elevar los recursos públicos y mejorar la asignación y ejecución del gasto público. El Instituto hizo hincapié en que la solución definitiva de los desafíos discutidos implica renovados esfuerzos políticos para avanzar hacia el alcance de un acuerdo político fiscal, integral y con visión de largo plazo, que permita la sostenibilidad fiscal al tiempo en que se logre alcanzar los ODS2030 y, sobre todo, eliminar los actuales riesgos de retroceso en el bienestar de los costarricenses.