Si bien el impulso de  la  agenda  no resuelve todos los  problemas, implementarla  implicaría  un  compromiso  efectivo, concreto y visible  para todos los miembros de la sociedad  centroamericana por mejorar los niveles de  vida  en la región y dar garantías para un desarrollo económico sostenible, sostenido e inclusivo, base indispensable para garantizar la democracia.

Centroamérica llegó al bicentenario de su “independencia” con casi la mitad de su población en inseguridad alimentaria, es decir sin comer lo suficiente o incluso no comer, con regímenes más cercanos a las autocracia o cleptocracias que a democracias plenas, con Estados incapaces de garantizar los servicios más básicos como educación, salud, agua o energía eléctrica. Para muchos centroamericanos, la desesperanza forma parte de su condición normal de vida. Dicha desesperanza se produce por la falta de empleo y buenas remuneraciones para atender las necesidades de la  familia;  el  crecimiento  de  la violencia y la falta de oportunidades. Pero sobre todo con grupos de poder que han robado tanto que incluso han intentado robarse el derecho a soñar de vivir en una sociedad más justa y más democrática.

En este contexto el Icefi ha presentado el volumen II de su III Informe de Política Fiscal Centroamericana, titulado La Centroamérica que es posible: desarrollada, sostenible e inclusiva. Un documento que remarca que es indispensable que las sociedades centroamericanas avancen en el establecimiento de tres pilares fundamentales: el de crecimiento económico sostenido, sostenible e inclusivo; la construcción de la igualdad, y la efectividad del Estado, todo con el propósito de promover el bienestar económico y social, la identidad colectiva, la seguridad individual y colectiva y la legitimidad del Gobierno, en el camino de la construcción de democracia y desarrollo.

En 2015, la Organización de las Naciones Unidas planteó la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible que contempla 17 grandes objetivos, 169 metas y 244 indicadores que pretenden la construcción de condiciones integrales de bienestar para la población, a partir de la promoción del bienestar económico, social, ambiental y de género.   En el camino del cumplimiento de esta agenda, las sociedades centroamericanas han reportado muy pocos avances, y aun cuando han presentado informes de cumplimiento, los mismos solo demuestran la poca sistematización de la información, datos de la atención de proyectos y programas y el acomodo de las metas de corto y mediano plazo para aparentar que los avances son apropiados.   Una evaluación detenida del cumplimiento de los ODS muestra que de los 17 objetivos planeados en la Agenda ODS, Costa Rica refleja retrasos significativos o críticos en la ejecución de 9, El Salvador en 11, Guatemala en 15, Honduras en 15, Nicaragua en 14 y Panamá en 14, lo que permite concluir con toda exactitud que, con las estrategias políticas actuales, será imposible para los países de la región cumplir con la totalidad de la agenda hacia 2030. 

Comprendiendo que la trayectoria de cumplimiento actual de la agenda ODS 2030 no garantiza el cumplimiento con los objetivos planteados, y en sintonía con los acuerdos internacionales, el Icefi plantea la ejecución de una agenda mínima de acciones, que ha denominado la Agenda Fiscal Centroamericana 2030 (AFCA 2030), que contempla la búsqueda específica de aquellos objetivos que reportan un mayor número de sinergias en la potenciación del bienestar económico y social para las sociedades centroamericanas. 

Pero que también apuntalan a la potenciación de un modelo económico que se refleje en la modernización productiva, en la igualdad social, en la promoción de la eficiencia y eficacia pública y en la creación de condiciones de desarrollo, que descansen en la igualdad económica, de género y étnica.

Esta propuesta se convierte entonces en una hoja de ruta mínima, para que por lo menos hacia 2030, las sociedades centroamericanas logren la eliminación de la pobreza extrema, la universalización de la salud y de la educación primaria y secundaria, la potenciación de la infraestructura económica y social y la construcción de Estados efectivos, tomando en consideración los ejes transversales de protección ambiental y enfoque de género.

Si bien el impulso de  la  agenda  no resuelve todos los  problemas, implementarla  implicaría  un  compromiso  efectivo, concreto y visible  para todos los miembros de la sociedad  centroamericana por mejorar los niveles de  vida  en la región y dar garantías para un desarrollo económico sostenible, sostenido e inclusivo, base indispensable para garantizar la democracia.

Ricardo Castaneda Ancheta // Economista sénior / @recasta

Esta columna fue publicada originalmente en El Mundo, disponible aquí.