El Gobierno trata de impresionar al pueblo aduciendo una buena ejecución fiscal, sin
embargo, lo importante es evaluar que se obtuvo con dichos recursos.

Al cierre de 2018, el Minfin reportó una ejecución fiscal del 96% de lo presupuestado para 2018, lo que, en esencia, fue lo mismo que para 2017, por lo que a pesar de haber transcurrido un año más y haberse incrementado los precios, aún el Gobierno tuvo remanentes que no pudo utilizar en el cumplimiento de sus funciones, lo que es resultado de una muy pobre planificación, dado que las necesidades de los guatemaltecos son cerca de infinitas.

Los destinos que mostraron una mejor ejecución fueron: los servicios de la deuda pública con 99.8%, Defensa Nacional (usualmente el de mayor ejecución y muchas
veces con el 100%) con 99.0%, la Presidencia con 98.3% y Relaciones Exteriores con 98.2% de ejecución.

En sentido contrario, los que reportaron un menor nivel fueron Cultura y Deportes con 77.4%, Desarrollo Social con 82.2%, Finanzas Públicas con 88.1% y Salud Pública y Asistencia Social con 91.8% de ejecución.

Las autoridades gubernamentales y ministeriales normalmente presumen que sus ejecuciones fueron altas, sin embargo, lo más importante es lograr establecer no cuánto dinero se gastaron, sino cuáles fueron los resultados o por lo menos los productos obtenidos de la utilización de los recursos, los que debieron beneficiar a los guatemaltecos.

Un ejemplo interesante es la cartera de Salud Pública y Asistencia Social en donde, a pesar de haber enfrentado un paro de médicos (el que aún parece no tener una solución final) tuvo recursos ociosos (Q576.8 millones) que bien pudieron ser utilizados para mejorar la atención a los enfermos del país, en lugar simplemente de cruzar los brazos y esperar a que el Congreso asignara nuevos recursos; además, si cualquier ciudadano guatemalteco entra al portal de dicho ministerio (www.mspas.gob.gt) y trata de
investigar sobre: ¿cuál fue el número de personas atendidas?, ¿a cuántas le dieron medicinas?, ¿cuáles fueron las medicinas que más se utilizaron?, etc., se encontrará con la ingrata realidad de no tener acceso a esta información.

Otro caso y aún más lamentable, sobre todo después que el Presidente comentara sobre el buen estado de la red vial, es Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en donde,
en su sección de datos abiertos, no presenta ninguna información para 2018. Lo mismo puede agregarse para la mayor parte de ministerios. Entonces, lo que cabe preguntarse con toda justicia para el ciudadano común es: ¿En que gastó Relaciones Exteriores y en que benefició al ciudadano común? ¿Qué hizo Defensa para mejorar el nivel de vida de los guatemaltecos, especialmente ahora que se retiraron del apoyo al combate a la criminalidad? ¿Cuáles fueron las actividades en las que la Presidencia gastó Q235.0 millones y qué beneficios le dejaron al ciudadano?. Estas entre muchas preguntas válidas.

Es cierto que el presidente presentó recientemente su tercer informe de gobierno que consta de 345 páginas, en las que describe los productos obtenidos por su equipo de trabajo. Sin embargo, aquí cabrían al menos dos preguntas más: ¿Si en este informe hay datos, por qué en los portales de los ministerios no hay? ¿Cuál es la percepción del ciudadano común sobre la información presentada en dicho informe?

Para contribuir a mejorar la moral tributaria se necesitan tres factores, pero el primero de ellos: es que el ciudadano que pagará impuestos, tenga la percepción que los recursos estén siendo bien utilizados. El subrayado es personal. Los ciudadanos deben percibir que los recursos están usándose bien, no  obstante, el cambiar dicha percepción inicia con informar a la ciudadanía de manera transparente, oportuna, veraz y consistente —no solo por medio de un informe de difícil verificación— sobre cómo se utilizan los recursos y especialmente que los datos revelen la realidad con la que convive el pueblo en general.

Esta columna fue publicada en al revista Contra Poder de Guatemala el viernes, 8 de febrero de 2019.