Lourdes Molina

Economista sénior
correo electrónico: lourdes.molina@icefi.org
Vivimos en un país en el que sus funcionarios, en lugar de conmemorar los Acuerdos de Paz, se dedican a atacar y desacreditar su valor histórico.
Uno de los fundamentos de la democracia es el derecho de la ciudadanía a elegir a sus autoridades mediante el ejercicio del sufragio.
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El mundo está atravesando una crisis sanitaria de gran magnitud.
La energía es un elemento presente en nuestras actividades cotidianas.
El presupuesto público es nuestro, y es uno de los instrumentos de política pública más importantes para la vida de nuestro país.
En mi columna anterior mencionaba sobre la urgente necesidad de que la administración del presidente Bukele cumpla con su promesa de campaña de lograr un pacto fiscal, como parte de un proc
Era una fotografía de dos niños, que bajo la lluvia, en un semáforo en medio de San Salvador hacían malabares con la esperanza de recibir a cambio alguna moneda de los automovilistas.
Casi dos terceras partes de la población pobre a nivel mundial viven en los países que son ricos en recursos naturales. Es por ello que en el ámbito de las actividades extractivas, la transparencia fiscal es fundamental, en el sentido de que los ingresos públicos generados por dichas actividades, más allá de generar beneficios macroeconómicos, se traduzcan en oportunidades para elevar las condiciones de vida de la población, en un marco regulatorio que garantice el cumplimiento de los derechos de las personas a decidir la explotación o no de los recursos, y promueva una relación con el fisco basada en la búsqueda del bien común. Independientemente de si los ingresos fiscales generados por actividades extractivas son altos o bajos con respecto al tamaño total de la economía en la que se explotan, si su gestión y manejo se realizan de manera poco transparente, difícilmente se traducirán en mejoras en las condiciones de vida de la población.




