El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) ha resaltado que la corrupción afecta el funcionamiento de las instituciones públicas e impacta en la vida de las personas, especialmente de las más vulnerables y en condiciones de desventaja. Su existencia socava la realización plena y el respeto a sus derechos humanos como la salud, la educación, la nutrición, la vivienda, e incluso la propia vida. La preocupación aumenta cuando este flagelo ataca las finanzas públicas, es decir, la administración de la recaudación y uso de los recursos públicos, principalmente provenientes de los impuestos, porque limita las posibilidades para que el Estado provea bienes públicos necesarios para concretar sus objetivos esenciales. Por tanto, la corrupción no solo es el robo de recursos públicos, sino la disminución de oportunidades de bienestar social y fortalecimiento democrático.