No podemos negar que la pobreza es uno de los grandes flagelos de nuestro país, los ingresos  del 34.9% de las personas no les permiten cubrir el costo de la canasta básica;  alrededor de 200,000 personas no tienen ni siquiera un empleo que les permita contar con ingresos para subsistir; a esto se suma una economía con una tasa de crecimiento inferior al 2% y una serie de recetas de políticas públicas que a la fecha no han sido capaces de potenciar el crecimiento económico y mucho menos combatir la pobreza y generar bienestar.

A nivel mundial, en los círculos académicos y políticos, desde hace varias décadas se viene discutiendo la propuesta de una Renta Básica Universal  (RBU) como mecanismo para enfrentar la pobreza, el desempleo, la precariedad laboral, la exclusión y el bajo crecimiento económico.  La RBU es un ingreso pagado por el Estado a toda persona por el hecho de ser miembro de la sociedad, independientemente de si es rico o pobre, hombre o mujer, de la zona urbana o de la zona rural, trabaje o no trabaje; es decir, se entrega a toda persona sin condición alguna.

¡Pero eso es una locura! ¿Regalar el dinero de esa forma? Claro, he de aceptar que suena a locura, pero acaso ¿no es más una locura seguir haciendo lo mismo año con año y que al final las personas sigan en la rebusca para tener algo para comer? Países como Canadá, Finlandia, Francia, España, Namibia, India, Brasil y México, llevan años estudiando el tema, evaluando alternativas e implementando planes piloto. Incluso, en 2017, por segundo año consecutivo, la necesidad de implementar una RBU fue discutida en el marco del Foro Económico Mundial. Al parecer la locura no es tan descabellada después de todo.

La RBU busca que toda persona disponga de una base material suficiente para su existencia, asegurándole un piso mínimo de bienestar, que a su vez garantice la libertad de las personas y les permita ampliar las posibilidades para su desarrollo personal. La RBU se concibe como un derecho que no es excluyente con otros derechos fundamentales como la salud o la educación. Además al basarse en el concepto de universalidad, evita que su entrega sea utilizada con fines políticos y partidistas, tal y como sucede con gran parte de los programas de transferencias condicionadas.

En materia económica, el otorgamiento de una RBU genera un estímulo de la demanda agregada, con impactos directos en la generación de empleo y en el crecimiento económico. Además de estimular la formalización de la economía y el aumento del número de contribuyentes, ya que los recursos asignados a cada ciudadano solo podrían ser utilizados por negocios inscritos ante la administración tributaria, obligando así a la formalización de todo el ciclo de producción.

Una de las principales preocupaciones que genera la idea de una RBU es que el desincentivo al trabajo. Esto con seguridad ocurrirá en el caso de aquellos empleos en condiciones precarias, por lo que el empleador se vería forzado a mejorar las condiciones laborales para poder retener a sus empleados. El tener un empleo además permitiría a las personas contar con ingresos adicionales  a la RBU, lo que incluso podría tener impactos en una mayor recaudación de impuesto sobre la renta.

Otra de las grandes interrogantes respecto a la RBU es su costo y cómo se financia, especialmente en un contexto con débiles finanzas públicas; es por ello que la implementación de una RBU lleva implícita la necesidad de construir diálogos y acuerdos sociales que se materialicen en reformas fiscales.

Lo que queda claro, es que la RBU no es algo que se decida de la noche a la mañana y cuya implementación se logre siguiendo una receta estándar; requiere que nuestra sociedad y clase política hagan algo que no están acostumbrados a hacer: dialogar, debatir y construir acuerdos. ¿Pero por qué no hacerlo? A lo mejor en ese proceso descubrimos que la verdadera locura fue no haberlo hecho antes.