El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) realizó un análisis, artículo por artículo, de la iniciativa de ley número de registro 5431, que propone la aprobación de una Ley General de Infraestructura Vial, encontrando errores de forma y fondo, que expuso a la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso de la República a la que recomendó efectuar los cambios necesarios para lograr una propuesta legislativa efectiva y apegada a la Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes vigentes.

El Icefi comprende la necesidad de evaluar el modelo actual de inversión pública en infraestructura, en especial en infraestructura vial. Sin embargo, ve con mucha preocupación el modelo de gobernanza planteado en la propuesta de creación de una Superintendencia de Infraestructura Vial (Sivial), el cual se recomienda corregir reemplazándolo con una nueva propuesta que tome en cuenta las lecciones aprendidas en la reforma de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria aprobada en 2016, la cual ha demostrado haber logrado mejoras en esa institución.

El Icefi sugiere un análisis técnico jurídico de las relaciones entre el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda con la Sivial propuesta, desde la perspectiva de lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala y la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, además de estudiar la consistencia con la Ley del Organismo Ejecutivo, la Ley Orgánica del Presupuesto, la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, la Ley de lo Contencioso Administrativo  y otros cuerpos legales vigentes.

Como preocupación de fondo para el Icefi está el carácter de la infraestructura vial como un sector que debe regir el Estado a cargo del Organismo Ejecutivo y con ello, según la Constitución, el Presidente de la República sólo puede delegar en los ministros de Estado, en este caso particular, en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, ente rector de esta materia. Por ello, el Instituto expresa preocupación por el rol prácticamente marginal que tiene este ministerio en la propuesta. El Icefi invita a la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso de la República a reflexionar sobre la conveniencia de crear un ente descentralizado más, y el riesgo de debilitar la autoridad y responsabilidad de entidades como el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda o la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República.

El Icefi encontró que el texto de la iniciativa de ley relacionado a la propuesta de crear el régimen o modalidad especial de adquisición pública denominada «licitación competitiva», debe aclararse y mejorarse en forma y fondo. El Instituto recomendó a la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso explicar y aclarar cómo interactuarían las normas de la Ley de Contrataciones del Estado actual y la modalidad de adquisición pública especial que se propone y denomina «adquisición competitiva», que aplicaría únicamente a las obras de infraestructura vial, o la normativa propuesta para regular la fluctuación de precios a aplicar en este tipo de obras.

El Instituto explicó que la iniciativa de ley propone destinar prácticamente la totalidad de la recaudación del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo a los proyectos de infraestructura vial de la Sivial y las municipalidades, sin consideración alguna sobre los rubros de gasto público que con esta medida perderían su fuente actual de financiamiento. Esta medida agravaría la actual rigidez de las fuentes de financiamiento del presupuesto, por lo que el Instituto propone el estudio y evaluación de una fuente tributaria nueva para los proyectos, a discutir en el proceso de dictamen de la iniciativa de ley.

El Icefi sugirió además suprimir las «propuestas no solicitadas», figura que en la versión actual de la iniciativa de ley resulta opaca e injustificada; limitar el uso de peajes en los proyectos nuevos, ante el riesgo de violentar el derecho constitucional a la libre locomoción; y, la necesidad de incluir mecanismos de transparencia, probidad y rendición de cuentas robustos que marquen una mejora respecto a la normativa hoy vigente.         

Guatemala, Centroamérica, 29 de mayo de 2018.

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