Lourdes Molina
Economista sénior
correo electrónico: lourdes.molina@icefi.org
El presupuesto público permite identificar las prioridades y apuestas que un gobierno tiene.
Somos un país distópico en materia de derechos humanos. Las vulneraciones y violaciones a los derechos de todas las personas están a la orden del día y todas las personas podemos ser víctimas.
El coste de oportunidad de esas decisiones no solo lo constituye el dinero que se puede perder en potenciales actos de corrupción, sino también en todos aquellos derechos de los y las salva
El presupuesto debe atender nuestras necesidades y derechos, no los intereses particulares de nuestros gobernantes.
El Estado salvadoreño tiene la obligación de garantizar un sistema de protección social con un componente previsional adecuado.
La Asamblea Legislativa de El Salvador tiene la oportunidad de abonar al proceso de reconciliación nacional, que sirva como base para la paz y la democracia de nuestro país, pero esto no se logrará sin justicia transicional.
Los actos de corrupción ocurren incluso en momentos de emergencia y tragedia; las personas corruptas, no tienen ni un ápice de decencia humana, e incluso en momentos de crisis se aprovechan
Nuestra sociedad se enfrenta a problemas como pobreza, desigualdad, inseguridad, migración, desempleo, sequías, corrupción; dificultades que cada día se in