El coste de oportunidad de esas decisiones no solo lo constituye el dinero que se puede perder en potenciales actos de corrupción, sino también en todos aquellos derechos de los y las salvadoreñas que no se cumplirán por la falta de recursos públicos: salud, educación, empleo, recreación, vivienda y todos aquellos que se le siguen negando a las personas.

Uno de los conceptos básicos que se estudia en economía es el costo de oportunidad, que se refiere al costo que representa la alternativa o las alternativas que rechazamos  cuando tomamos una decisión. Este concepto suele servir de base para análisis de las decisiones de todos los agentes económicos: hogares, sector empresarial, e incluso el sector público.

El quehacer de la administración pública está lleno de costos de oportunidad, después de todo en Estados tan débiles como el nuestro, los recursos públicos disponibles no son suficientes para satisfacer todas las necesidades de la población. Una esperaría que cualquier persona que aspire a ocupar un cargo público reconozca esas limitaciones y ante ello defina una planificación en la que se precisen las intervenciones de política pública que estratégicamente se impulsarán para lograr los objetivos nacionales de desarrollo.

Uno de los instrumentos donde claramente podemos identificar y analizar los costos de oportunidad que las decisiones gubernamentales tienen para una sociedad es el presupuesto público. Al destinar recursos a una política pública específica se decide priorizarla por sobre el resto de acciones que se necesitan, es decir, los destinos del presupuesto público nos permite identificar las verdaderas prioridades de un Gobierno, las cuales en muchas ocasiones no coinciden con los discursos y la narrativa política.

En contextos como el salvadoreño, donde el Estado tiene muchas deudas en la garantía de derechos con su población, cada dólar que se gasta tiene un alto costo de oportunidad. Veamóslo con un ejemplo, la semana pasada el Ministerio de Hacienda presentó a la Asamblea Legislativa una propuesta de incorporación de $500 millones al presupuesto público, dentro de los cuales se contemplan $ 203.5 millones relacionados con la implementación de la Ley Bitcoin. Además de que esos recursos se utilizarán en una iniciativa diseñada con serias deficiencias técnicas, aprobada sin debate técnico, cuyas condiciones de operación se desconocen, rechazada por la mayor parte de la población y con serias implicaciones económicas para el país, representan un alto costo de oportunidad en materia de derechos básicos de las personas como salud y educación. En materia de salud, con ese monto se pudiera incrementar en un 83.7% el presupuesto destinado al primer nivel de atención en salud, es decir los recursos con los que cuentan las unidades de salud, o duplicar el presupuesto de al menos 7 hospitales de la red pública, incluyendo el Rosales y el Bloom, con lo cual el Estado salvadoreño podría garantizar el derecho a la salud de nuestros niños, niñas, mujeres, hombres y adultos mayores. En el ámbito educativo, el costo de oportunidad de los recursos para la Ley Bitcoin equivalen al 86.3% del presupuesto para programas y proyectos de inversión, que incluye programas de formación docente, mejoras de infraestructura escolar y continuidad educativa para nuestros niños y niñas. Estos costos se magnifican al considerar que la misma semana, Hacienda solicitó la aprobación de recortes presupuestarios $ 44 millones a las carteras de salud y educación.

Aunque la forma más sencilla de comprender los costos de oportunidad es en términos monetarios, sus alcances van más allá, por ejemplo, las decisiones legislativas de aprobar modificaciones de ley que permitan declarar información pública vinculada con procesos de contratación, asignación de compras públicas o viajes de funcionarios, bajo reserva, se traducen en menos rendición de cuentas, menos transparencia y más corrupción.

El coste de oportunidad de esas decisiones no solo lo constituye el dinero que se puede perder en potenciales actos de corrupción, sino también en todos aquellos derechos de los y las salvadoreñas que no se cumplirán por la falta de recursos públicos: salud, educación, empleo, recreación, vivienda y todos aquellos que se le siguen negando a las personas.

Cualquier decisión de política pública debería considerar sus costos de oportunidad y evaluarlos en función de las prioridades nacionales. En estos casos, lamentablemente y aunque no seamos conscientes de ello, los costos de oportunidad de las decisiones de política pública las asumiremos todas y todos y probablemente también nuestras futuras generaciones.

Lourdes Molina Escalante // Economista sénior / @lb_esc

Esta columna fue publicada originalmente en El Mundo, disponible aquí.