Lourdes Molina

Economista sénior
correo electrónico: lourdes.molina@icefi.org
Era una fotografía de dos niños, que bajo la lluvia, en un semáforo en medio de San Salvador hacían malabares con la esperanza de recibir a cambio alguna moneda de los automovilistas.
La energía es un elemento presente en nuestras actividades cotidianas.
La administración Bukele tiene en la comunicación propagandística una de sus mayores fortalezas, pero ante problemas tan complejos, como enfrentar una pandemia, resulta insuficiente.
¿Cómo se pretende garantizar el derecho a la educación de la población salvadoreña?
Las lluvias se han hecho presentes este año, y nuevamente, han puesto en evidencia la vulnerabilidad del país ante fenómenos climáticos.
En medio de la majestuosidad del Océano Atlántico, frente a la costa de Senegal, se encuentra la isla de Gorea.
Casi dos terceras partes de la población pobre a nivel mundial viven en los países que son ricos en recursos naturales. Es por ello que en el ámbito de las actividades extractivas, la transparencia fiscal es fundamental, en el sentido de que los ingresos públicos generados por dichas actividades, más allá de generar beneficios macroeconómicos, se traduzcan en oportunidades para elevar las condiciones de vida de la población, en un marco regulatorio que garantice el cumplimiento de los derechos de las personas a decidir la explotación o no de los recursos, y promueva una relación con el fisco basada en la búsqueda del bien común. Independientemente de si los ingresos fiscales generados por actividades extractivas son altos o bajos con respecto al tamaño total de la economía en la que se explotan, si su gestión y manejo se realizan de manera poco transparente, difícilmente se traducirán en mejoras en las condiciones de vida de la población.
Este año, la pandemia puso en evidencia los grandes desafíos de desarrollo que aún están pendientes de atender.
En los últimos 4 años hemos experimentado el deterioro acelerado y sostenido de la institucionalidad democrática.
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Ha pasado casi un año desde que la Asamblea Legislativa por iniciativa del Organismo Ejecutivo, aprobó la Ley Bitcóin.




