Ricardo Castaneda
Ricardo Castaneda Ancheta dejó de trabajar para el Icefi en octubre de 2023.
Y quizá, aunque ella no lo sepa, una vez más tendrá que pagar la factura de las decisiones de políticos que utilizan el Estado para privatizar las ganancias y socializar las pérdidas.
Una de las preguntas que más se repite en el ámbito económico y financiero de El Salvador es ¿el gobierno caerá en default (impago)?
Uno de los mayores objetivos en economía es la generación de empleo.
El 11 de junio de 2015, haciendo uso de mi derecho como ciudadano, solicité información estadística al Ministerio de Hacienda –misma información que, por ejemplo, en Guatemala se encuentra en el sitio web de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) –. Para mi sorpresa me fue denegada.
¡Paren el mundo que me quiero bajar!, diría la pequeña gran Mafalda frente a todo lo que pasa en Centroamérica.
Antes de las vacaciones de Semana Santa, el Banco Central de Reserva actualizó sus estadísticas y confirmó lo que se había venido advirtiendo desde hace mucho tiempo atrás.
Las discusiones en los últimos siglos se podrían resumir en torno a cuál es el papel que deben jugar los Estados en la sociedad. Desde posiciones que abogan por su reducción al mínimo, como el neoliberalismo, hasta expresiones ideológicas que apuestan por su involucramiento en todos los contextos sociales. En todo caso, en pleno siglo XXI, la idea del Estado efectivo, capaz de mejorar el bienestar social y económico, es la que se plantea como la mejor alternativa frente a la democracia y el desarrollo.
El Ejecutivo anunció una “nueva cuarentena especial”, en una cadena nacional, donde lo más claro fue confirmar porque es tan importante la eficiencia y efectividad en la Administración Pública.
Esta semana se vencía el plazo para que el gobierno de El Salvador erogara los $604 millones que faltaban de pagar del vencimiento de un bono que se emitió en 2002. Y lo hizo.