Las últimas semanas las discusiones en la Asamblea Legislativa en El Salvador se enfrascaron en torno a la aprobación de USD152 millones en bonos para seguridad. No porque haya duda sobre si la inseguridad sigue siendo el principal problema para los salvadoreños o porque los partidos de oposición estuvieran en desacuerdo por las políticas implementadas por el Gobierno. El punto central de la discusión era conseguir candados para que los recursos aprobados no se utilizaran en otro rubro y asegurarse que los fondos fueran manejados con transparencia.

La pandemia ni la crisis económica ha terminado. Sin embargo, la vacuna contra el COVID-19, además de ayudar a controlar la pandemia puede ayudar a recuperar la economía.

El impago y la caída en las calificaciones de riesgo, reafirman, por si alguien lo dudaba, que la crisis fiscal que vive el país es de gran envergadura. Pero el mayor condicionante de esta situación es de carácter político partidario. Los partidos políticos en general, pero especialmente los mayoritarios, Arena y el FMLN, viven una crisis profunda de legitimidad, pero también una crisis de falta de proyecto de país. Ante ello, han encontrado en la situación fiscal su mejor argumento para maquillar su incapacidad de dar solución a los problemas de la población de cara a las próximas elecciones.

Después de una estupenda década en el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), ha llegado el momento de emprender una nueva etapa.