Ricardo Castaneda
Ricardo Castaneda Ancheta dejó de trabajar para el Icefi en octubre de 2023.
¿Se imagina que maten a alguien por leer un libro en particular o escuchar alguna canción especifica?
Hace ya varias décadas que la sociedad salvadoreña, en el papel, optó por la democracia como el espacio para dirimir nuestras diferencias.
Al no haber probado el producto original de la política, nos hemos tenido que conformar con su imitación de muy mala calidad: la politiquería.
Las últimas semanas las discusiones en la Asamblea Legislativa en El Salvador se enfrascaron en torno a la aprobación de USD152 millones en bonos para seguridad. No porque haya duda sobre si la inseguridad sigue siendo el principal problema para los salvadoreños o porque los partidos de oposición estuvieran en desacuerdo por las políticas implementadas por el Gobierno. El punto central de la discusión era conseguir candados para que los recursos aprobados no se utilizaran en otro rubro y asegurarse que los fondos fueran manejados con transparencia.
Sería maravilloso que El Salvador fuera lo que la propaganda y las publicaciones gubernamentales describen.
El caso de El Salvador presenta una situación política excepcional.
El presupuesto público es el instrumento que refleja la política fiscal de un país: en él se definen los montos de inversión y consumo público (gasto público), así como
El Triángulo Norte es más que la suma de tres países, es una región donde, a pesar de las fronteras, las sociedades comparten muchas características: han pasado por horrendos conflictos armados, los niveles de pobreza y desigualdad son superiores a los promedios de Latinoamérica; la violencia, la corrupción y la impunidad son cosas del diario vivir.




