Sería maravilloso que El Salvador fuera lo que la propaganda y las publicaciones gubernamentales describen.

Una economía sólida, pionera en la adopción de criptoactivos como monedas de cursos legal, donde la bonanza y las inversiones son tantas que la gran mayoría de la ciudadanía tiene acceso a un ingreso digno que le permite llevar alimentos a sus hogares; un territorio seguro en el que ninguna persona teme que alguien de su familia no regrese un día a casa, pase a formar parte de las denuncias por desapariciones o asesinato y aparezca en un cementerio clandestino; un país garante de los derechos de los derechos más básicos de su población, en especial de los grupos más vulnerables como la niñez y adolescencia; un Estado transparente, sin corrupción, sin nepotismo en el que ninguna persona que ejerce la función pública  se aprovecha de esta para beneficio personal.

Pero la realidad es muy dura y cada día, de manera cruel, nos recuerda que con la publicidad y propaganda es muy fácil fabricar realidades falsas. La realidad a la que los y las salvadoreñas nos enfrentamos no cambia solo porque los funcionarios den declaraciones describiéndola de manera diferente. El Salvador sigue siendo un país que no garantiza los derechos más básicos de las personas (alimentación, salud, educación, empleo digno, seguridad), y en cambio, las expulsa y no les deja otra alternativa más que migrar y buscar oportunidades fuera de nuestras fronteras.

Para quienes deciden migrar ni la pandemia, ni los riesgos de ser víctimas de los cárteles o la trata de personas, ni siquiera el tener que enfrentarse a inhumanas políticas migratorias en los países de tránsito y destino son disuasivos para no migrar. La esperanza de tener algún tipo de oportunidad es mayor a lo que se puede perder en el camino y mejor que la alternativa de quedarse. Cada persona que arriesga su vida al migrar comprueba que los  discursos y las narrativas políticas no son suficientes para cambiar la realidad.

Dejar de ser un país que expulsa a su población requiere en primer lugar de funcionarios que en lugar de preocuparse por mejorar percepciones, se ocupen en transformar realidades. La única forma en que las personas no se vayan es atendiendo las causas que les obligan a irse. Lo que se requiere son políticas públicas que garanticen los derechos de las personas y con ello reducir las desigualdades estructurales del país y los niveles de pobreza en los que viven más de dos millones de personas. También son indispensables políticas públicas de reactivación, recuperación económica y transformación productiva que genere oportunidades laborales con salarios dignos que aseguren un mínimo de bienestar material.