Ricardo Castaneda
Ricardo Castaneda Ancheta dejó de trabajar para el Icefi en octubre de 2023.
La clase política salvadoreña ha desgastado las palabras «acuerdo fiscal». No porque se hayan esmerado por conseguirlo, sino porque este término ha sido utilizado para demostrar que la otra parte (Gobierno o partido de oposición) es quien se opone a alcanzarlo. No obstante, ahora que se aborda este tema, valdría la pena recordarles a los políticos para qué sirve la política fiscal.
Ya se ha cumplido un año de convivir con la pandemia y de las medidas para intentar controlarla. Con algunas buenas y otras seguramente no tanto.
Es imposible ver cambios en beneficio de la población sin cambiar la política fiscal, porque la forma como se está manejando la crisis ha provocado que las finanzas públicas requieran de un res
El 1 de mayo de 2022 se cumplió el primer año de la legislatura 2021-2024.
La corrupción es un cáncer social, que se aprovecha de Estados con democracias débiles e instituciones disfuncionales, capaz de aniquilar las aspiraciones de desarrollo
Es difícil comprender por qué, a pesar de la advertencia de especialistas, organismos multilaterales y los propios técnicos del Ejecutivo se quiera seguir adelante.
En seguridad, ¿seguirán con el manodurismo? En hacienda, ¿llegará una persona que comprenda a la política fiscal como instrumento de desarrollo?
En el contexto de Centroamérica, la IA podría ser una herramienta valiosa para abordar muchos de los desafíos socioeconómicos que enfrentan los países de la región.
Imagínese una casa en la cual el techo ya no sirve y cada vez que llueve, el hogar se inunda. Por más que se le pongan parches, con el pasar de los días nuevamente se va a inundar, hasta que se cambie el techo. Podemos utilizar la misma analogía para las finanzas públicas de El Salvador, aunque se le intenten poner parches, los problemas estructurales seguirán ahí. Y arreglarlo va más allá de que el Gobierno lo pueda hacer de forma solitaria.
Y quizá, aunque ella no lo sepa, una vez más tendrá que pagar la factura de las decisiones de políticos que utilizan el Estado para privatizar las ganancias y socializar las pérdidas.