Ricardo Castaneda
Ricardo Castaneda Ancheta dejó de trabajar para el Icefi en octubre de 2023.
Después de una estupenda década en el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), ha llegado el momento de emprender una nueva etapa.
La deuda pública de El Salvador, este año podría superar el 92% del PIB, es decir, de cada USD100 que se produzcan en todo el territorio nacional, USD92 ya se deberían.
En las próximas décadas Centroamérica tendrá la población en edad productiva más grande de su historia, El Salvador no es la excepción; a esto se lo conoce como bono demográfico. Una oportunidad única para los países, pues el porcentaje de población en edad productiva es mayor a la población dependiente (menores de 15 años y mayores de 65 años); lo que permite que el potencial productivo de la economía sea mayor. Sin embargo, esta oportunidad también se puede convertir en un auténtico dolor de cabeza para los países, sino la aprovechan. En el caso específico de El Salvador este bono durará hasta 2030.
Si se compara la información a la que se puede acceder de manera oficiosa o por medio de solicitudes de acceso a la información pública en los tres países
Posiblemente la mayor parte de la población no dimensiona los efectos que tiene una crisis fiscal como la que atraviesa El Salvador.
¡Qué tráfico! Es una de las frases que más se repite todos los días. Una frase que envuelve decepción, enojo y mucha frustración.
La campaña electoral no ha terminado. Las grandilocuentes propuestas de la clase política así lo confirman.
“Lo público es ineficiente, corrupto, de mala calidad, no sirve para nada, todo se lo roban” palabras que solemos escuchar, o incluso repetir, constantemente.
No puede haber paz mientras haya injusticia. La historia de El Salvador está marcada por injusticias escritas con sangre: genocidios (en 1932 fueron asesinados 32,000 indígenas, algo de lo que muy poco se habla), golpes de Estado, dictaduras militares y por supuesto uno de los más dolorosos conflictos armados a nivel mundial. La guerra civil que finalizó en 1992 cobró más de 75,000 víctimas mortales, sin contar los miles de desaparecidos, y forzó a millares de personas del área rural a migrar hacia zonas urbanas del país, y a muchos otros a huir hacia diversos países, principalmente a los Estados Unidos, Australia y Canadá.