Ricardo Castaneda
Ricardo Castaneda Ancheta dejó de trabajar para el Icefi en octubre de 2023.
Hace más de un año que el gobierno de El Salvador adoptó una de las primeras medidas sobre la pandemia de la COVID-19.
En El Salvador la división entre el espectáculo y la política es una línea casi invisible.
La campaña política, de cara a las próximas elecciones ha entrado en una etapa peligrosa: la del populismo fiscal, basado en propuestas irreales de reducir impuestos y
¿Por qué a la mayor parte de la población no le importa que se despedace la institucionalidad democrática? ¿Por qué cuando surgen casos de corrupción ni se inmuta?
El gobierno con sus propias decisiones se está autoasfixiando y quedando sin oxígeno fiscal y colocándose en un escenario por demás peligroso, que puede traer consecuencias sumamente graves
En El Salvador, si bien es cierto que existen muchos empresarios que cumplen a cabalidad con todas estas premisas, hay un grupo que no. Específicamente son quienes basan su rentabilidad en el pago de salarios de hambre; la sobreexplotación de los recursos naturales o en la realización de actos de corrupción, que se manifiestan en múltiples formas.
En los últimos días hemos leído o escuchado que El Salvador puede caer en default, una palabra que no aparece en el diccionario de la RAE, pero cuyas consecuencias pueden ser devastadoras para un país entero. En términos prácticos el default se da cuando el Gobierno no tiene el dinero suficiente para pagar a quienes les debe; y de acuerdo al Ministro de Hacienda eso sucederá el 7 de octubre, cuando no tenga los recursos para pagar los Certificados de Inversión Previsional (CIP).
Todo parece tan desolado, que no hay tiempo para preocuparse sobre el hecho que hay casi 60,000 niños, niñas y adolescentes menos en las escuelas de los que había el año pasado.
En medio de una de las peores crisis sanitarias, con una caída en los ingresos y la urgencia de aumentar el gasto público, contratar deuda era lo lógico.