Casi dos terceras partes de la población pobre a nivel mundial viven en los países que son ricos en recursos naturales. Es por ello que en el ámbito de las actividades extractivas, la transparencia fiscal es fundamental, en el sentido de que los ingresos públicos generados por dichas actividades, más allá de generar beneficios macroeconómicos, se traduzcan en oportunidades para elevar las condiciones de vida de la población, en un marco regulatorio que garantice el cumplimiento de los derechos de las personas a decidir la explotación o no de los recursos, y promueva una relación con el fisco basada en la búsqueda del bien común. Independientemente de si los ingresos fiscales generados por actividades extractivas son altos o bajos con respecto al tamaño total de la economía en la que se explotan, si su gestión y manejo se realizan de manera poco transparente, difícilmente se traducirán en mejoras en las condiciones de vida de la población.

No es un secreto que los países del Norte de Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador están muy cerca, si es que aún no lo son, de ser Estados fallidos.

Los elementos anteriores son una señal inequívoca de que la situación fiscal continua siendo crítica e insostenible.

Si tuviéramos un plan de desarrollo o tan siquiera un plan de gobierno podríamos esperar que el presupuesto se elaborara en función de las prioridades y o