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El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), después de analizar el Decreto Gubernativo No. 5-2017 de la Presidencia de la República concluye que aunque son necesarias acciones urgentes para reparar la red vial, el Estado de Calamidad decretado es débil en controles y vulnerable a la corrupción. Por ello, recomienda al Congreso de la República que, en caso decida ratificarlo, debe modificarlo incluyendo controles y mecanismos anticorrupción.