Ricardo Castaneda
Ricardo Castaneda Ancheta dejó de trabajar para el Icefi en octubre de 2023.
En el ámbito económico, 2019 fue un año de desaceleración. Suponga que usted va en un vehículo y deja de acelerar; el carro continúa avanzando, pero lo hace mucho más lento.
Las fiestas de Navidad y fin de año siempre son una excelente oportunidad para compartir con los seres queridos, recargar energías y reflexionar sobre lo que viene.
En 1987, el Informe Brundtland, establecía por primera vez que «el desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades». En palabras de mi madre, el desarrollo sería que mis hermanos y yo, vivamos en mejores condiciones que las que vivió ella.
Dijeron que los bancos públicos tenían una crisis de insolvencia como consecuencia de la intervención del Estado y a su incapacidad administrativa de realizar, de manera eficiente, tareas de intermediación financiera; y entonces lo que debía hacerse era privatizarlos.
Se suponía que mi generación debía conocer las invasiones y dictaduras únicamente a través de libros de historias, videos o relatos de quienes las padecieron.
Centroamérica se debate entre la consolidación de su democracia o el colapso de la misma. La falta de independencia de poderes en Nicaragua y Honduras, son muestras inequívocas que los Estados centroamericanos no pasan por su mejor momento. Pero esto solo es el resultado de contar con una política fiscal que construye la inequidad y privilegia la desigualdad, el racismo, la exclusión y la opacidad. Tomando el índice de Gini, se puede establecer que ¡Centroamérica es la región más desigual del mundo!
Conforme se acerca el cierre de 2022 cada vez hay más indicadores, y temores, de que la economía mundial pueda sufrir una recesión en 2023.
Históricamente la institucionalidad ha sido débil en El Salvador. Especialmente la relacionada con la prevención y combate de la corrupción.
Esta semana se vencía el plazo para que el gobierno de El Salvador erogara los $604 millones que faltaban de pagar del vencimiento de un bono que se emitió en 2002. Y lo hizo.