Ricardo Castaneda
Ricardo Castaneda Ancheta dejó de trabajar para el Icefi en octubre de 2023.
El presupuesto público es el instrumento que refleja la política fiscal de un país: en él se definen los montos de inversión y consumo público (gasto público), así como
La dolarización está en peligro, fueron las palabras que dijo el Secretario Técnico de la Presidencia en una entrevista y las aguas del río, ya turbias, se estremecieron. Aunque se le puede reprochar que utilizara ese argumento en las vísperas de presentar la propuesta de reforma de pensiones, no por ello deja de ser un escenario que se debe analizar.
En un contexto donde convergen tantas crisis (sociales, económicas, financieras, ambientales, políticas, de género) lo que se requiere es la construcción de alternativas.
Una política fiscal transparente, progresiva y suficiente es la clave del éxito para el próximo gobierno en el Salvador. Una que se preocupe menos en quedar bien con lo “que piensan los mercados” y que se preocupe más por el bienestar de las personas.
En las próximas décadas Centroamérica tendrá la población en edad productiva más grande de su historia, El Salvador no es la excepción; a esto se lo conoce como bono demográfico. Una oportunidad única para los países, pues el porcentaje de población en edad productiva es mayor a la población dependiente (menores de 15 años y mayores de 65 años); lo que permite que el potencial productivo de la economía sea mayor. Sin embargo, esta oportunidad también se puede convertir en un auténtico dolor de cabeza para los países, sino la aprovechan. En el caso específico de El Salvador este bono durará hasta 2030.
Ya se ha cumplido un año de convivir con la pandemia y de las medidas para intentar controlarla. Con algunas buenas y otras seguramente no tanto.
No son hechos aislados, es una política sistemática que busca blindar la opacidad.
Es difícil comprender por qué, a pesar de la advertencia de especialistas, organismos multilaterales y los propios técnicos del Ejecutivo se quiera seguir adelante.
Históricamente la institucionalidad ha sido débil en El Salvador. Especialmente la relacionada con la prevención y combate de la corrupción.