Ricardo Castaneda
Ricardo Castaneda Ancheta dejó de trabajar para el Icefi en octubre de 2023.
Para atender la emergencia relacionada con la pandemia se sabía que era necesario destinar millones de dólares provenientes de los impuestos, actuales y futuros, de la población.
Hace ya varias décadas que la sociedad salvadoreña, en el papel, optó por la democracia como el espacio para dirimir nuestras diferencias.
Sin embargo, como dice textualmente el FMI, las vulnerabilidades aumentaron el año pasado.
La respuesta para salir de esta situación tan crítica, pasa por una reforma fiscal. Pero no cualquier reforma.
Las últimas semanas las discusiones en la Asamblea Legislativa en El Salvador se enfrascaron en torno a la aprobación de USD152 millones en bonos para seguridad. No porque haya duda sobre si la inseguridad sigue siendo el principal problema para los salvadoreños o porque los partidos de oposición estuvieran en desacuerdo por las políticas implementadas por el Gobierno. El punto central de la discusión era conseguir candados para que los recursos aprobados no se utilizaran en otro rubro y asegurarse que los fondos fueran manejados con transparencia.
La adopción del bitcóin en El Salvador ejemplifica la política económica de este gobierno: improvisación y mucha, pero mucha, opacidad.
Para saber que nos espera como país para 2018, un buen parámetro es revisar el Presupuesto General de Estado.
La actual administración gubernamental ha tenido el tiempo y sobre todo el poder para hacer las cosas bien para reformar el sistema de pensiones.
La pregunta, es entonces hasta cuándo se puede seguir así, evadiendo la responsabilidad de lo que significa gobernar, de la obligación de crear empleos de