Imagínese una casa en la cual el techo ya no sirve y cada vez que llueve, el hogar se inunda. Por más que se le pongan parches, con el pasar de los días nuevamente se va a inundar, hasta que se cambie el techo. Podemos utilizar la misma analogía para las finanzas públicas de El Salvador, aunque se le intenten poner parches, los problemas estructurales seguirán ahí. Y arreglarlo va más allá de que el Gobierno lo pueda hacer de forma solitaria.

El Salvador es un país predominantemente urbano, pero la incidencia de la pobreza es mayor en el área rural. En comparación con los habitantes de las áreas urbanas, las poblaciones rurales continúan teniendo menor acceso a los bienes y servicios básicos tales como la educación y la capacitación, la salud, el agua potable y el saneamiento ambiental, generando con ello amplias brechas de bienestar, empleo e ingresos, lo que ha fomentado un círculo vicioso de pobreza.

No son hechos aislados, es una política sistemática que busca blindar la opacidad.

Es difícil comprender por qué, a pesar de la advertencia de especialistas, organismos multilaterales y los propios técnicos del Ejecutivo se quiera seguir adelante.