Después de una estupenda década en el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), ha llegado el momento de emprender una nueva etapa.

Esta no fue una decisión sencilla, ya que el Instituto ha sido más que un lugar de trabajo: ha sido una escuela, mi casa. Muchísimas gracias a cada compañero y compañera que compartió conmigo durante este tiempo, profesionales invaluables y comprometidos con los ideales de construir una mejor región. Muchísimas gracias a las diversas personas de movimientos, organizaciones y la academia que me permitieron aprender de ellos y compartir preocupaciones, pero también propuestas de solución en esta etapa. Muchísimas gracias a los donantes, por el invaluable apoyo. Muchísimas gracias a los y las periodistas por su apertura hacia mi persona.

No puedo dejar pasar la oportunidad de expresar mi sincero agradecimiento a Diario El Mundo por permitirme compartir 213 columnas de opinión. Mi gratitud se dirige especialmente a Álvaro Cruz, su editor jefe.

El Icefi me brindó la oportunidad de recorrer toda la región centroamericana, pero, aún más importante, me permitió trabajar por las causas e ideales en los que creo. Además de entablar amistades con personas extraordinarias.

Me voy tranquilo, porque el trabajo del Icefi continúa y seguirá siendo una institución valiosa sobre todo en el contexto que atraviesa la región, además queda a cargo de la oficina de El Salvador, mi compañera Lourdes Molina Escalante, quien es una extraordinaria profesional que seguro potenciará el trabajo del Instituto.

Mis nuevas responsabilidades profesionales requieren que tome una pausa en la escritura de columnas de opinión, tal como lo he hecho hasta ahora. Pero seguro volveré en un futuro cercano.

En este momento, quiero enfatizar la importancia de la educación pública. Fue la que me proporcionó las bases para unirme al Icefi, y es la que me ha permitido asumir nuevos retos profesionales. Ahora seguiré mi camino para seguir aprendiendo, esta vez por toda América Latina y el Caribe, desde un organismo internacional. Por ello, siempre defenderé los bienes y servicios públicos universales y de calidad como derechos fundamentales que deben garantizarse para todas las personas. Esto puede marcar una diferencia significativa en las condiciones de vida.

En mi caso, tengo muy claro de dónde provengo: del Cantón El Arenal, de abuelos y abuelas que enfrentaron numerosas dificultades económicas, pero que, en medio de la pobreza, forjaron sus vidas basadas en la dignidad y la solidaridad. Mi padre, un adolescente que sacrificó sus estudios para comenzar a trabajar. Una persona de bien que siempre ha demostrado una profunda sensibilidad hacia los problemas del país y ha estado presente para apoyar a la comunidad. Mi madre, cuya característica es ser la mejor persona, siempre repartiendo generosidad, bondad y ayudando a quien más lo necesita.

No puedo concluir sin reconocer el contexto que atraviesa nuestro país: un aumento de la pobreza, las desigualdades y el hambre, además de una creciente tendencia autoritaria, impulsada por políticas de odio y graves violaciones a los derechos humanos, donde se impone la falta de empatía.

Ante estos desafíos, reivindico el tipo de sociedad por el cual luchar: una sociedad en la que todos los niños, niñas y adolescentes tengan acceso a una educación de calidad, donde todas las personas gocen de un sistema de atención de salud garantizado, y donde la igualdad de oportunidades y resultados sea una realidad para las mujeres. En esta sociedad, los derechos no deben depender del apellido, el lugar de nacimiento o el nivel de ingresos de las personas.

En este mismo sentido, la administración pública debe ser liderada por personas íntegras y competentes que comprendan que están al servicio de la población, y la rendición de cuentas sea una obligación inquebrantable. El poder público no debe ser empleado para la corrupción, la persecución de la ciudadanía ni, mucho menos, para mantenerse en el poder de manera inconstitucional.

Y para ello es fundamental una política fiscal coherente: donde quien tiene más debe pagar más, donde el presupuesto está vinculado a metas y resultados, donde la deuda pública se utiliza de manera estratégica y donde la transparencia es un valor indispensable en todo el manejo de recursos públicos. Es decir, una política fiscal por la democracia y el desarrollo.

Ricardo Castaneda Ancheta // Economista sénior / @Recasta

Esta columna fue publicada originalmente en El Mundo, disponible aquí.