La crisis democrática por la que atraviesa Guatemala es el resultado directo de las actuaciones de la fiscal general, del fiscal especial contra la impunidad y un juez.

El pasado 20 de agosto tuvo lugar la segunda vuelta electoral en Guatemala, para la elección del binomio presidencial. Los resultados no agradaron a las autoridades del Ejecutivo, del poder judicial ni de varios partidos políticos. Aun aceptando su derrota política, siguen denunciando fraude electoral, acción poco creíble o, más bien, construida de forma improvisada para que el partido ganador, Movimiento Semilla, no asuma el poder de la administración central para el periodo 2024-2028.

En un contexto marcado por un proceso electoral atípico, con acciones arbitrarias por parte de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que aprobaron resoluciones para dejar fuera de la contienda electoral a varios candidatos y mantener a otros que incluso, por orden constitucional, no debieron participar. Aun así, la elección general del 25 de junio resultó sorpresiva para el grupo político que ansía perpetuarse en el poder del Estado. En ese sentido, el padrón electoral demostró que la democracia se construye a partir de elecciones, libres de coacción o compra de votos, y con la consciencia de la ciudadanía sobre los cambios que requiere el país, los cuales, la mayoría de la oferta electoral no logró convencer de ser capaz o tener la probidad para lograrlos. Pese a una posición muy rezagada en las encuestas de intención de voto, el partido Movimiento Semilla logró escalar a una segunda posición y llegar al balotaje de la elección presidencial contra el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

El problema de estos resultados para el Gobierno saliente y para los poderes autónomos y descentralizados, que en una democracia funcional los respaldarían como contrapesos políticos, es que no quieren aceptarlos. Por haber oficializado los resultados electorales, el TSE es el blanco de una incesante serie de acusaciones del Ministerio Público (MP), fabricadas en las últimas semanas y que parten de una supuesta manipulación del conteo de votos por medio del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (Trep). Constituyen acciones ilegales, que van desde la fabricación de casos judiciales en contra del personal del TSE, incluyendo a magistrados, hasta un allanamiento ilegal, en el que sustrajeron cajas conteniendo actas electorales, un acto violento e intimidatorio del MP que violentó la cadena de custodia de los materiales electorales.

El MP además formula una serie de acusaciones en contra del partido Semilla, que anula su constitución legal, con el propósito de impedir que sus candidatos electos asuman cargos. El MP se basa en una denuncia que presentó el propio partido Movimiento Semilla, sobre falsificación de firmas durante la formación del partido. La actuación del MP está al margen de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, porque explícitamente su artículo 92 norma que «[…] no se puede suspender un partido después de la convocatoria a una elección y hasta que ésta se haya celebrado.» Además, el MP está persiguiendo penalmente a miembros de Semilla, entrampando el proceso de transición de gobierno.

La crisis democrática por la que atraviesa Guatemala, es el resultado directo de las actuaciones de la fiscal general, del fiscal especial contra la impunidad y un juez. Pero también contribuyen a la crisis de manera indirecta los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, de la Corte Suprema de Justicia y el presidente de la República, quienes más por omisión que por acción directa no han actuado para frenar la crisis.

Las misiones de observación electoral, nacionales e internacionales, dieron fe de la validez de los resultados y de la legitimidad del proceso. Reportaron que, en casi todas las mesas electorales, las juntas receptoras de votos emitieron las actas con los resultados finales sin impugnaciones, es decir con la validación de los fiscales de los partidos políticos presentes.

Lamentablemente, la crisis actual de Guatemala evoca los recuerdos del golpe de Estado en Honduras en 2009, o de las argucias que, en Nicaragua, Honduras y El Salvador permitieron la reelección presidencial, violentando prohibiciones constitucionales. Contextos distintos, pero que tienen en común es la manipulación de las normas, la captura de instituciones y la burla a la voluntad popular reflejada en el voto, para que grupos, sin escrúpulos ni principios éticos o morales, están perpetuándose el poder. Y con ello, destruyen las incipientes democracias centroamericanas, que tanta sangre y sufrimiento costaron, dejando atrás periodos de terror de dictaduras militares y guerras civiles.

La alerta se genera en estos últimos días, cuando la población guatemalteca, específicamente los líderes indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán, sostienen una protesta con manifestaciones y bloqueos viales, a los cuales se les ha sumado el resto del país. Más de 10 días ininterrumpidos de protestas pacíficas, son ya un referente mundial de cómo la unidad social logra demostrar el poder de la ciudadanía, su defensa de la democracia por interés de un país mejor. Pero también es una muestra del cansancio y la frustración que generan funcionarios corruptos e inescrupulosos, que intentan anular de forma arbitraria e ilegal los resultados electorales legítimos.

La situación es grave y ha alcanzado niveles históricos, que amenaza que Guatemala retroceda a la época de los golpes de Estado y los fraudes electorales. Desnuda la verdadera imagen y las intenciones de quienes hoy se mantienen en el poder y destruyen a la misma democracia que se los otorgó, derrapando peligrosamente en dictaduras autoritarias. Se contraponen la dignidad y la lucha del pueblo que valientemente ha salido a las calles a rechazar el régimen corrupto y antidemocrático, demostrando que no cederá. Aun cuando el presidente, las y los fiscales, jueces y magistrados que acuerpan este golpe de Estado, se nieguen a aceptar la realidad, que su pueblo les rechaza, y que en un solo clamor popular les pide ¡renuncien!

Carlos Gossmann // Economista sénior / @CarlosGossmann

Esta columna fue publicada originalmente en El Economista, disponible aquí.