El estudio busca establecer los costos de las intervenciones necesarias para contribuir a la reducción de la tasa de impunidad, de manera que en los próximos diez años (2014- 2023) el derecho a la justicia muestre avances claros en el país. Para cumplir este propósito, el sistema de justicia debe ser sistémico; es decir, debe iniciar desde la investigación criminal, continuar con la administración de la justicia y, finalmente, contar con un sistema de resocialización eficiente. Las inversiones adecuadas en justicia, al cerrar los espacios para la impunidad, posibilitan el camino para la gobernabilidad democrática, la responsabilidad política y el desarrollo económico. Para que la justicia sea un derecho, el acceso y cobertura deben ser integrales, lo cual significa que no se excluya a ningún habitante por su estatus económico, condición étnica, etaria o de género. En este marco, las conclusiones de este documento constituyen una invitación a reflexionar en la construcción de la sociedad y nación que se desea afianzar, así como en el rol que tanto el Estado como los y las ciudadanas debemos desempeñar, de manera que podamos encontrar el camino que permita a Guatemala avanzar en un pacto fiscal que garantice el financiamiento del acceso a la justicia, a la vez que se consuman avances en materia de gestión pública, calidad del gasto y una evaluación permanente y efectiva de las políticas públicas.