Formar parte de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), además de generar credibilidad mundial debido a la potencial puesta en práctica de políticas públicas basadas en estándares internacionales, brinda un espacio de intercambio de experiencias y de buenas prácticas, todas de mucha utilidad para coordinar políticas locales e internacionales, lo cual se asocia a la misión principal de la organización, en torno a promover políticas con un enfoque integral y multilateral,  que mejoren el bienestar económico y social de los países (Loría y Martínez, 2018).

La OCDE es una organización internacional cuyo trabajo se enfoca en la construcción de mejores políticas para desarrollar mejores condiciones de vida para la población y su meta principal es dar forma a aquellas que potencien la prosperidad, la igualdad, la oportunidad y el bienestar para todos (OCDE, 2024).  A la fecha, dicha organización dispone de 38 países miembros, dentro de los que destacan cuatro de Latinoamérica, siendo ellos Chile, Colombia, Costa Rica y México. Además, la Comisión Europea participa en los trabajos de la OCDE, aunque sin derecho a voto; también, existen acuerdos de cooperación con los países miembro del grupo Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) e Indonesia, y se evalúa la participación total de otros como Rusia y Perú. 

En términos generales, aunque interviene en gran parte el interés de un país por querer formar parte de la OCDE, el proceso real para la incorporación inicia cuando se recibe una invitación oficial por el Consejo de Administración de dicha institución para el efecto. En lo sucesivo y para que se logre culminar el proceso de incorporación, el país solicitante deberá atender a diferentes comités técnicos que realizarán una evaluación minuciosa dirigida a establecer la situación general de cumplimiento nacional en alrededor de 227 instrumentos que congloban los estándares de la OCDE.

En sentido amplio, el proceso de adhesión a la OCDE es el resultado de un proceso de revisión riguroso de las condiciones socioeconómicas del país solicitante y que se dirige tanto a verificar la vigencia del respeto al Estado de Derecho y a los derechos humanos, así como la aplicación de principios de economía de mercado abierto, transparente y de desarrollo sostenible. El plazo para alcanzar la integración total a la OCDE depende de cada país y de la información que suministre a los comités de evaluación; así como de la velocidad en la que se responda a las recomendaciones realizadas y se realicen las reformas de política necesarias para lograr la aplicación de las mejores prácticas promovidas por la OCDE (Arce y Mora, 2018). Dicho proceso de atención a las recomendaciones se enmarca en una hoja de ruta específicamente diseñada para el efecto, dentro de la que se incluye: la realización de estudios y revisiones de políticas públicas, la adopción de instrumentos jurídicos para la adopción de estándares y mejores prácticas en diversos campos, y la participación en distintos comités y grupos de trabajo entre pares (Loría y Martínez, 2018).