Guatemala es un país de contrastes. Por un lado, persisten funcionarios públicos y representantes del sector privado organizado que argumentan que el país dispone de una economía sana, con un buen nivel de crecimiento, estabilidad cambiaria, inflación baja, solidez bancaria y deuda pública baja, entre otros aspectos macroeconómicos favorables, por lo que las autoridades sólo deben enfocarse en mantenerlos.

 

Por el contrario, para la mayor parte de la población, el problema principal sigue siendo el económico, manifestado, entre otras cosas, por: la falta de empleos y de buena remuneración, que producen informalidad económica y la necesidad de migrar a otros países; bajos niveles de inversión causados en gran parte por la extorsión de grupos criminales; escasa profundización financiera y alta concentración bancaria; una economía extremadamente dependiente del flujo de remesas internacionales, pero, sobre todo, por un clima de corrupción generalizado y creciente, que se manifiesta en un aumento general de la percepción de ilegitimidad de las autoridades.

 

En ese entorno, y en un proceso político muy complicado, tomó posesión el nuevo presidente de la República, Bernardo Arévalo, con el desafío de reducir la corrupción como condición necesaria, pero no suficiente, para mejorar la economía del país. Cargado de buenas intenciones para tratar de reducir los problemas que aquejan a la sociedad guatemalteca, pero sin disponer de los recursos necesarios.

 

Este documento presenta un diagnóstico de la situación socioeconómica y fiscal de Guatemala al momento de asumir el presidente Arévalo. Explora de forma rápida los principales problemas y oportunidades a los que debe poner atención el nuevo mandatario y su equipo de trabajo.