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El modelo de convenio tributario sobre la renta y sobre el patrimonio de la OCDE. Recomendaciones para cumplir con sus estándares en Guatemala

La participación de Guatemala en foros internacionales para discutir la modernización económica, financiera y fiscal del país ha sido tema relativamente común en los últimos años.  Esta participación que se ha extendido a la permanente búsqueda de vender al país como un buen lugar para invertir, ha partido del supuesto de que el país dispone de las condiciones económicas, de infraestructura y, por supuesto, fiscales, apropiadas para insertarse en forma relativamente eficiente en el entramado comercial y financiero mundial, condición que no necesariamente se observa en la práctica.

Esa participación y las visitas internacionales llevan implícito el mensaje de buena voluntad por parte de las autoridades, en el sentido que las discusiones que se lleven a cabo producirán instrumentos que posteriormente serán apropiadamente implementados en el país a fin de lograr una rápida incorporación de Guatemala a los beneficios del apoyo internacional. En la práctica ambas situaciones se encuentran relativamente alejadas, dado que, a pesar de que existe una aparente voluntad política manifiesta en los foros internacionales de avanzar hacia la modernización financiera y tributaria, esta no es acompañada de las reformas legislativas y procedimentales necesarias para el efecto.

Como tal, Guatemala presentó su candidatura para ingresar al Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en julio de 2018, con el fin de adoptar los más altos estándares en políticas públicas que coadyuven al combate de la pobreza y las desigualdades, y bajo el teórico compromiso de avanzar en la adopción de los estándares de transparencia e intercambio de información dispuestos por dicho foro de las naciones más desarrolladas del planeta.  La solicitud presentada por Guatemala partía del supuesto de que, por medio de la incorporación a dicho ente, Guatemala promovería una agenda legislativa en la búsqueda de la facilitación del comercio y la reactivación económica incluyente y sostenible que provendría del fortalecimiento del diálogo entre los gobernantes y los sectores público y privado, en general. La aprobación de la participación de Guatemala en el Centro de Desarrollo de la OCDE en 2019 convirtió al país en el miembro 54 con participación activa, situación que se estimó que propiciaría la implementación de las mejores prácticas internacionales, así como facilitaría la participación de Guatemala en diversos espacios bilaterales y multilaterales