Las finanzas públicas hondureñas entraron en un proceso de ajuste fiscal muy fuerte en 2014, como resultado de los significativos desequilibrios fiscales de los dos años previos. En este contexto y en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se redujo el déficit fiscal: del 7.9 por ciento del PIB, en 2013, al 4.4 por ciento, al año siguiente. Este importante avance se logró por la combinación de un aumento significativo de ingresos —pues los de carácter tributario crecieron un 24 por ciento— con una reducción del gasto.

 

El aumento de los ingresos estuvo basado principalmente en incrementos a impuestos indirectos, lo cual ha acentuado la regresividad del sistema tributario hondureño y ha permitido que se conserve una serie de privilegios para la élite económica, como es el caso de las exoneraciones. Por el lado del gasto destacan la disminución de la masa salarial, despidos de personal, reducción de la inversión pública y congelamiento de transferencias a las municipalidades. Por su parte, el pago de intereses de la deuda continúa una tendencia creciente, dejando poco espacio de maniobra a la política fiscal en su conjunto.

 

Adicionalmente, el gasto social ha enfatizado programas de asistencia social con fuerte sesgo clientelista —en detrimento de una política social integral— al disminuir los presupuestos reales de salud y educación. La tendencia continúa para el presupuesto de 2015. Con estas características de la política fiscal, las finanzas públicas difícilmente podrán constituir un instrumento de desarrollo.