Durante muchas décadas, Guatemala ha venido arrastrando el lastre de la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años, lo cual constituye una muestra de que el modelo económico, político y social que se ha venido aplicando en el país no está diseñado para garantizar ni siquiera la seguridad alimentaria de los más vulnerables. Si bien es necesario realizar cambios estructurales en el país, también es preciso reconocer los esfuerzos que se han llevado a cabo; por ejemplo, entre 2009 y 2014 se estimó que el Gobierno logró destinar a la prevención y disminución de la desnutrición crónica un total de Q41,500 millones que, en alguna medida, ayudaron a que el flagelo disminuyera de un 49.8 a un 46.5% en ese período.

 

Dado el nivel de recursos invertidos y según el análisis realizado, resulta evidente que se pudo haber avanzado mucho más, pero los obstáculos que hubo —entre otros— fueron la improvisación de las políticas públicas, su bajo nivel de sostenibilidad y su poca continuidad; de hecho, de los 80 programas que se destinaron a la disminución de la desnutrición, 34 tuvieron una duración menor a un año.

 

Si bien aún se requiere recursos para hacer frente a este flagelo, también se necesita que haya calidad en el gasto público.