Un análisis del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales —Icefi— evidenció que el proyecto de presupuesto 2020 de El Salvador se caracteriza por la opacidad en gastos en temas de inteligencia y una escasa capacidad para proveer bienes y servicios que protejan a  poblaciones tradicionalmente vulnerabilizadas como las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes.

Documentos adjuntos

• Presentación: Análisis del proyecto de presupuesto 2020
• Publicación: El Salvador: Análisis y recomendaciones al Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado del Ejercicio Financiero Fiscal 2020

La garantía de los derechos humanos de la población salvadoreña está en riesgo, principalmente en mujeres, niños y niñas, según identificó el Icefi en su análisis del proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2020.

Los hallazgos se presentaron el martes pasado en el foro El Proyecto de Presupuesto 2020 de El Salvador: luces y sombras,que contó con la participación de diputados de la Asamblea Legislativa, representantes de diferentes sectores de la sociedad civil y ciudadanos. La evaluación del proyecto de presupuesto es parte de la reciente publicación del Icefi intitulada Análisis y recomendaciones al Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado del Ejercicio Financiero Fiscal 2020 de El Salvador, que forma parte de los Documentos para el diálogo fiscal.

Marco Pérez Navarrete, de la fundación Heinrich Böll Stiftung, expresó las palabras de bienvenida, en las que destacó la importancia de un evento de carácter ciudadano: «Estos espacios son base fundamental para el futuro de El Salvador», afirmó. «Esperamos que el país pueda convertirse en ejemplo de crecimiento económico sostenible, que se puede lograr sólo cuando hay un balance entre las satisfacciones y necesidades básicas de la población en los diferentes sectores y la garantía del respeto institucional del país». 

Ricardo Castaneda Ancheta, Economista sénior del Icefi, estuvo a cargo de la presentación del análisis elaborado por el equipo técnico del Instituto. «En el presupuesto se refleja la política fiscal de un país y es ahí en donde se comprueba si el discurso se concreta con la realidad o se queda en demagogia. Es en el presupuesto donde identificamos cuáles derechos se van a garantizar y cuáles no», comentó.

De aprobarse el proyecto de presupuesto para 2020, el gasto público del Sector Público No Financiero (SPNF) ascendería a USD8,466.1 millones, de los cuales un 58.8% corresponden al Gobierno Central, un 32.3% a las instituciones descentralizadas y un 8.9% a las empresas públicas no financieras. Los gastos totales del Gobierno Central, excluyendo el monto destinado a las amortizaciones de deuda, pero incluyendo los gastos asociados al sistema previsional del país, equivaldrían al 22.0% del PIB, por debajo del 22.2% estimado por Icefi para el cierre de 2019, e inferior a los valores observados en 2014.

Para el Icefi, explicó Castaneda, es positivo que se incremente el gasto social, particularmente en educación y salud; sin embargo, esas partidas presupuestarias son insuficientes para que se cumpla con la garantía, protección y promoción de los derechos de la sociedad salvadoreña, principalmente de grupos tradicionalmente vulnerabilizados como las mujeres, y las niñas, niños y adolescentes.

Entre las recomendaciones del Instituto están el aumentar las asignaciones a los programas dirigidos específicamente a la niñez y adolescencia, particularmente los diversos niveles de educación; así como a programas dirigidos a las mujeres, para la reducción de las brechas de género. Adicionalmente, incrementar los recursos al Ministerio de Agricultura, para los programas de agricultura familiar, y al Ministerio de Medio Ambiente, para programas de adaptación frente al cambio climático y la gestión integral del recurso hídrico.

Otra de las observaciones hechas por el Instituto fue la inclusión del artículo 14 en el anteproyecto de ley del presupuesto en donde se identifica un espacio de opacidad en las finanzas públicas.

«Es fundamental que tanto el Ejecutivo y el Legislativo generen las discusiones para un verdadero acuerdo fiscal integral con la participación de diferentes actores. Sólo de esa manera se pasará de un presupuesto para la sobrevivencia a un presupuesto democrático y para el desarrollo del país», señaló Castaneda.

Discusión parlamentaria y ciudadana

Al evento público asistieron los diputados Donato Vaquerano, de ARENA, y Yanci Urbina, del FMLN, quienes reflexionaron sobre el proyecto de presupuesto para 2020, en una discusión moderada por Ana Iris Martínez, de Oxfam en El Salvador. En un panel siguiente también conversaron Tania Ruíz, de la Red Ciudadana por la Justicia Fiscal; Mhaydée Recinos, de la Red de mujeres rurales; y Rommel Rodríguez, de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), moderados por Michelle Molina, Economista investigadora del Icefi.

La diputada Urbina indicó que al hablar de presupuesto es importante que el anteproyecto de ley sea del conocimiento de la ciudadanía, por lo que criticó los elementos poco transparentes que se encuentran en la iniciativa. Por su parte, el diputado Vaquerano, apeló por construir un presupuesto por resultados, donde se mida las metas y logros de los diferentes programas que reciben fondos públicos. Al evento también se invitó al diputado Guadalupe Vásquez, del bloque parlamentario GANA, aunque por motivos de agenda no se presentó.

Fue ese mismo tono, el de la transparencia, el que marcó el mensaje de Ruíz, quien apeló que es un ejercicio democrático y ciudadano el permanecer atentos al uso que el gobierno pretende dar a los recursos públicos, y que es una información que debe llegar a la sociedad. Recinos habló desde su historia de vida como una mujer residente en zona rural en donde ha enfrentado dificultades para acceder a servicios de salud y educación, por lo que reiteró la importancia que el Estado invierta en garantizar que la mayoría de personas accedan a esos servicios. Rodríguez motivó a que la discusión del presupuesto se mantenga desde una perspectiva técnica, que favorece los elementos de discusión para que se incremente el gasto social pero sin incrementar la deuda pública.