Representantes de la sociedad civil, academia y sector justicia del país coincidieron en la presentación de un informe del legado de la Cicig –organizado por la American University, con el apoyo del Icefi– en donde se discutió una ruta posible para continuar con la lucha contra la impunidad y la corrupción en Guatemala.

El Centro de estudios latinoamericanos y latinos (CLALS, por sus siglas en inglés) de la American University en Washington D.C., Estados Unidos, presentó este jueves el informe ¿Una iniciativa demasiado exitosa? El legado y las lecciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, en donde se repasan los logros, errores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que en septiembre pasado terminó sus labores en el país. 

La actividad, que se llevó a cabo en la ciudad de Guatemala con el apoyo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), contó con la asistencia de los investigadores del CLALS, así como de representantes de los sectores justicia, cooperación, academia y sociedad civil del país, como también más de 150 personas en el público.

El Dr. Charles T. Call, de la American University y coautor del informe, presentó los hallazgos y conclusiones, en los que destacó los éxitos de la institución, que se establecieron como un precedente importante por identificar estructuras de corrupción, como también los tropiezos que implicaron un desgaste político y ciudadano.

El investigador, que elaboró el estudio junto a Jeffrey Hallock, reflexionó sobre la independencia de la institución, la modalidad posiblemente débil de rendición de cuentas, el rol de Estados Unidos, los cooperantes, el conflicto con el presidente Jimmy Morales y el fin del mandato del órgano en septiembre de 2019.

Es momento de trabajar y avanzar, coinciden analistas 

A la presentación del informe se le sumó una discusión ciudadana en la que se destacó el legado de la Cicig, finalmente valorado como positivo, pero que también debe dejar enseñanzas para continuar la lucha contra la impunidad y la corrupción, la cual depende ahora plenamente de instituciones y organismos nacionales, así como de una ciudadanía más empoderada y consciente.

Las palabras de bienvenida de Jonathan Menkos Zeissig, director ejecutivo del Icefi, quien valoró el evento como una oportunidad para llevar a cabo una discusión, reflexión y comprensión de la situación de la justicia en el país.

“Este espacio, que habla de lo que la Comisión hizo bien y lo que debió hacer mejor, ayudará a entender los pasos siguientes en la lucha por una sociedad sin corrupción y justa. Y para vivir en una sociedad justa, debemos tener las condiciones materiales, humanas y presupuestarias que establezcan las garantías para un sistema de justicia para todos y todas”, aseguró el director del instituto. 

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El panel de discusión estuvo integrado por Haroldo Vásquez, juez y presidente de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad; Claudia Samayoa, defensora de derechos humanos y presidenta de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Udefegua); y Ricardo Sáenz de Tejada, antropólogo y doctor en Ciencias Sociales. Fue moderado por Ricardo Barrientos, economista sénior del Icefi.

Samayoa consideró que una de las consecuencias negativas fue que la misma sociedad se quedó inmóvil y delegó su capacidad de fiscalización en la Cicig y en Iván Velásquez.

“En la actualidad se debe recuperar el protagonismo, ese es el reto”, dijo la activista. “Desmitifiquemos la figura del comisionado. Se tienen que reconocer también a jueces, fiscales, auxiliares, técnicos, investigadores y demás riqueza humana que permitió ver las cosas como son”. 

Por su parte, el juez Vásquez motivó a superar el periodo de luto por la salida de la Cicig. En cambio, se debe apoyar a las instituciones que continúan con esa lucha.

“Los jueces aprendimos algo trascendental: que somos capaces, a pesar de un sistema histórico y estructural que genera impunidad”, comentó el funcionario. “Es complicado porque no tenemos apoyo de la cúpula del Organismo Judicial o recibimos rechazo del Colegio de Abogados. Pero el futuro es nuestro, sobre todo por la población que salió a las calles a exigir justicia”.

Para Sáenz de Tejada, los casos presentados por Cicig, como el caso Vielmann, Caja de Pandora o Financiamiento Electoral Ilícito del partido FCN-Nación, sirvieron para evidenciar la coalición de varios grupos. Ese debe ser un ejemplo de por qué la ciudadanía debe permanecer crítica y activa.

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“Esa acción entre élites políticas, empresariales y grupos criminales plantea un desafío enorme, porque así como nosotros aprendimos cuáles eran los límites de su actuación, ellos también están cerrando, por la vía legal, el poder judicial y promoviendo su propia impunidad”, aseguró el académico”. “En el mediano plazo es importante que las organizaciones de derechos humanos y grupos de sociedad civil intensifiquen su labor, pues permitieron articulaciones que no se veían desde hace muchos años”, enfatizó el académico.

En cuanto a un futuro sin Cicig, los panelistas coincidieron que la creación de una comisión nacional para investigar la corrupción puede ser contraproducente, y que la prioridad debería estar en fortalecer, con recursos y capacitaciones, a los integrantes del sistema de justicia: jueces, magistrados y fiscales, entre otros.