La más reciente edición de la Encuesta de Presupuesto Abierto (OBS, por sus siglas en inglés) evidencia a Centroamérica como una región paralizada en materia de transparencia fiscal, con condiciones agravadas en El Salvador y Nicaragua.

El análisis OBS 2021, publicado esta semana por la International Budget Partnership (IBP), muestra que los Estados centroamericanos se enfrentan a una serie de desafíos que comprometen el acceso de la ciudadanía a la información pública vinculada a la elaboración, la ejecución y la fiscalización de los presupuestos públicos.

Solo Costa Rica (63), Guatemala (64) y Honduras (61) cuentan con la calificación suficiente en materia presupuestaria, por encima de los 61 puntos (de 100) requeridos para ser considerados como países con la información suficiente. Honduras y Costa Rica lograron en esta edición alcanzar esa cifra luego de sus calificaciones en 2019, en donde obtuvieron 59 y 57, respectivamente. Sin embargo, no se observan cambios estructurales en materia de transparencia en ninguno de los países, añade la publicación.

El caso se agrava en Nicaragua y El Salvador. Este último, particularmente, continúa con un puntaje decreciente, ahora con 41 puntos, por debajo de los 46 de 2019. Nicaragua se mantiene en una situación riesgosa (42 puntos), apenas un punto más que en la edición anterior.

La situación es todavía más desalentadora en cuanto a la participación del público en las discusiones y ejecuciones presupuestarias, que son “insuficientes”, según la IBP. El promedio regional es de 14 de 100 puntos posibles en dicha componente. Guatemala es el ejemplo más evidente del retroceso, con una evaluación de 19 puntos, cuando en 2019 obtuvo 35. Nicaragua se mantiene como el peor en esa materia, con un puntaje de 7.

Para la IBP, la garantía del acceso a la información y la fiscalización de los recursos públicos tomó mayor relevancia tras la pandemia del Covid-19, un evento que expuso las debilidades estatales por proteger los derechos fundamentales de la población.

Desafíos particulares

• Gráfico: Encuesta de Presupuesto Abierto 2021

El OBS 2021 también ofrece una mirada más específica a cada uno de los países. Guatemala afronta la tarea de corregir los retrocesos en participación y control presupuestario. Si bien existen mecanismos de acceso a la información disponibles en los sitios web del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), la participación ciudadana se vio afectada severamente por la falta de evidencia de la inclusión de ciudadanos en las audiencias en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República.

Un panorama similar se ve en Costa Rica, donde la publicación del “Informe de Seguimiento sobre la Gestión Presupuestaria del Presupuesto Nacional” significó una mejora de 6 puntos en la evaluación de la OBS. Aún así, persiste la ausencia de espacios de participación, principalmente en las etapas presupuestarios que están bajo la responsabilidad del Ejecutivo.

En Honduras, pese a que se consiguió una puntuación suficiente de 61, la carencia de informes, como el Informe de Revisión de mitad de año, muestra que persisten los retos estructurales para una transparencia fiscal significativa. También existe confusión sobre qué entidad es la responsable de velar por que existe el acceso a la información pública, pues la recién creada Secretaría de Estado en el Despacho de Transparencia (SDT) podría tener redundancia de operaciones con el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), entidad a cargo según la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además, persiste la ausencia de espacios de participación ciudadana en distintas instancias de la elaboración del presupuesto.

La crisis democrática en los últimos años en Nicaragua es palpable en materia presupuestaria. Además de la nula participación ciudadana en el proceso, la falta de planificación interna de las dependencias en la elaboración del presupuesto, sumado a la opacidad en el proceso, se refleja en cómo constantemente el presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional subestima el valor efectivo de los recursos necesarios para financiar el aparato público. Las constantes ampliaciones presupuestarias a lo largo del ejercicio fiscal lo demuestran. Asimismo, de acuerdo con al Índice de Percepción de Corrupción de 2021 Nicaragua es el segundo país de mayor incidencia en la Latinoamérica en la desviación de fondos públicos, un peligroso síntoma de la ausencia de mecanismos de transparencia.

El Salvador es el caso más emblemático en cuando a los retrocesos en la materia se trata. Con el peor desempeño en la región (41 puntos), el retraso en la publicación de documentos de transparencia, o las prácticas opacas del Ministerio de Hacienda de omitir información en otros documentos, evidencia el porqué el país se encuentra, por primera vez desde que se publica la encuesta, en la última posición en Centroamérica. El debilitamiento del Instituto de Acceso de Información Pública aúna la situación, junto con las acciones del Ejecutivo por declarar en reserva información pública.

La IBP recomienda que Costa Rica, Guatemala y Honduras fortalezcan esfuerzos para la publicación de información presupuestaria; para El Salvador y Honduras, se deben elaborar y publicar documentos presupuestarios con información exhaustiva.

Además, todos los países de la región deben crear nuevos mecanismos formales de participación ciudadana, fortalecer los existentes y avanzar hacia su institucionalización en todas las etapas del ciclo presupuestario.

El informe completo para Centroamérica puede descargarse en la página de la IBP.

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• Foto de portada: Encuesta de Presupuesto Abierto 2021 - Centroamérica