Ambas organizaciones promueven la reflexión ciudadana sobre la necesidad de realizar cambios estructurales a la inversión fiscal en Guatemala, necesarios para crear condiciones a los y las adolescentes del país, quienes representan los pilares del desarrollo y la democracia.

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Icefi, y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, presentaron la edición número 14 de la serie ¡Contamos!, un análisis sobre el presupuesto estatal enfocado en la adolescencia guatemalteca durante el periodo 2007-2013.

El estudio estima que del total invertido en 2013, la inversión directa para la adolescencia fue de Q1,689.5 millones, es decir tan solo Q1.27 diarios para cada uno de los 3.64 millones de adolescentes guatemaltecos. El 95% de este monto se concentró en educación, en particular en los niveles básico y diversificado, en tanto que el 3.5% fue destinado al financiamiento de programas para la prevención de la violencia, destacando los programas para atender a los adolescentes en conflicto con la ley penal. El 1.5% restante se destinó a programas de protección social, incluyendo los ejecutados por la Secretaría de Bienestar Social y el Consejo Nacional de Juventud.

Al agregar la inversión indirecta en adolescentes otros programas públicos de carácter más general, pero que ayudan al bienestar de este grupo etario, Icefi y Unicef estiman que la inversión total del sector público destinada a la adolescencia, ascendió a Q7,638.5 millones en 2013, equivalentes al 1.8% del PIB, lo que eleva la inversión diaria per cápita a cerca de Q5.76.

La inversión indirecta en adolescentes, representa el 78% de la inversión total. El documento señala que el 40% de este monto total de inversiones en adolescentes se enfocó a la educación primaria dentro de la cual, aproximadamente el 13% de las y los alumnos, la cursan en sobre-edad. Por su parte, 1.4 millones de adolescentes, de entre 10 y 19 años, están fuera del sistema escolar. El rezago de la inversión pública de Guatemala en este importante segmento poblacional, ha generado una sociedad en la que el 59.5% de la población adolescente (aproximadamente 2.16 millones) vive en pobreza y el 14.5% (unos 529,000 adolescentes) en pobreza extrema (Encovi, 2011).

Cerca del 38.8% de los adolescentes en edad para trabajar están insertos en el mercado laboral y uno de cada dos lo hacen fuera del sistema de seguridad social (Enei, 2011). En la Guatemala de hoy, la mayoría de las adolescentes que quedan embarazadas antes de los 18 años, lo hacen en condiciones precarias para una maternidad saludable (Ensmi, 2008). Asimismo, cerca de 1 de cada 3 adolescentes trabajadores, de entre 15 y 19 años en el área metropolitana, recibe un salario que no cubre sus necesidades básicas, y aproximadamente 9 de cada 10 no está cubierto por el seguro social (Enju, 2011).

Otro dato preocupante que devela el estudio es que la tasa homicidios de adolescentes entre 18 y 21 años es de 55.1 x 100,000 habitantes, es decir, casi el doble de la tasa de homicidios nacional que es de 34.2 x 100,000 habitantes. Finalmente, en la búsqueda de soluciones para esta alarmante situación, ambas instituciones hicieron énfasis en la necesidad de procurar condiciones fiscales apropiadas para financiar la inversión social en la adolescencia y la niñez.

En particular, llamaron a un diálogo intersectorial para reactivar el Pacto Fiscal, que alcance acuerdos plurales que viabilicen financiera y políticamente una Política de Inversión Social Nacional. Ambas instituciones reiteraron que las inversiones en los adolescentes guatemaltecos, además de promover la garantía de sus derechos, son socialmente vitales para la consolidación de la democracia y la promoción del desarrollo económico, por lo recomiendan al Estado cinco acciones concretas:
1. Ratificar la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes cuyo marco reforzaría los compromisos de Estado hacia los adolescentes, y fortalecer la institucionalidad desde el marco legal y de las instancias de ejecución con poder político suficiente, para monitorear y resguardar la implementación de las políticas y leyes nacionales dirigidas a la adolescencia. 2. Generar una unidad estadística especial para la incorporación sistemática de enfoques de adolescencia (y niñez) en las encuestas nacionales.
3. Retomar un diálogo social para la discusión de un nuevo Pacto Fiscal que tenga como objetivo principal garantizar el financiamiento de una Política de Inversión Social nacional con énfasis en el aumento de las inversiones en la adolescencia (y la niñez), y que permita el incremento de la carga tributaria, la mejora de la transparencia y la lucha contra la evasión y la corrupción. Es necesario un pacto que sintonice las aspiraciones sociales de desarrollo humano con pasos concretos para su logro.
4. Aumentar las inversiones directas en adolescentes, principalmente en rubros de educación, capacitación, innovación, protección social, recreación y cultura.
5. Preparar a la sociedad guatemalteca para una transición demográfica inminente priorizando consecuentemente inversiones habilitadoras de la adolescencia (y niñez). Análisis de la ejecución de la inversión social en adolescencia del Estado de Guatemala 2007-2013

Fuente: Icefi/Unicef con datos de Ministerio de Finanzas Públicas. Nota: IDA = Inversión directa en adolescencia; IIDA = Inversión indirecta en adolescencia; IPA = Inversión pública en adolescencia.