El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) realizó el evento público Los flujos ilícitos de capital, efectos tributarios y propuestas de solución, el pasado jueves 26 de septiembre en un hotel capitalino. En dicho evento presentó un análisis de la situación de Guatemala ante los estándares internacionales más recientes en la materia y sus últimos tres estudios especializados en materia tributaria:

- Los flujos ilícitos de capital y la iniciativa BEPS: recomendaciones para su aplicación en Guatemala

- El control a la manipulación de precios de transferencia en Guatemala: algunas recomendaciones para adoptar las guías internacionales sobre precios de transferencia

- Las directrices internacionales sobre el IVA: recomendaciones para su implementación en Guatemala

En su presentación, el Icefi explicó que en la actualidad el concepto de flujos ilícitos de capital o flujos financieros ilícitos (FFI) abarca, además de actividades ilícitas asociadas a los tráficos de drogas, armas, personas y la corrupción, entre otras, flujos de recursos que se derivan de la manipulación internacional de transacciones comerciales, con el propósito expreso de reducir o evitar el pago de impuestos. Por ello, hoy el propósito general de los FFI es la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (en inglés Base Erosion and Profit Shifting -BEPS) a países con regímenes laxos o ventajosos en términos tributarios.

Las prácticas de BEPS derivan en su mayor parte de prácticas de planificación fiscal agresiva, y muchas utilizan estrategias de manipulación de precios de transferencia. Para resolver esta problemática derivada de los FFI, los organismos internacionales han propuesto lineamientos para la regulación de las actividades comerciales, la defensa de la tributación, el combate a la doble tributación y, sobre todo, la regulación de los flujos de capital.

El Icefi realizó varias recomendaciones a las autoridades fiscales de Guatemala y al Congreso de la República para invitarlos a comprometerse a adoptar las medidas necesarias para corregir este problema.

En particular, recomienda que Guatemala se adhiera a la Iniciativa BEPS y a aprobar una ley de beneficiario final, a fortalecer el acceso de la Superintendencia de Administración Tributaria a la información bancaria, a revisar la legislación de precios de transferencia, a reformar el IVA para aplicar el cobro a los servicios de streaming y a consultar a la Corte de Constitucionalidad la viabilidad de intercambiar información con otras autoridades tributarias, o la necesidad de una reforma constitucional que evite el aislamiento de Guatemala en estos esfuerzos internacionales.

La serie de esta temática sigue avanzando y próximamente se tendrá otro evento para presentar los avances y nuevos documentos con temas técnicos especializados.