Un foro de análisis e intercambio de posturas sobre cuatro iniciativas de Ley fueron analizadas y puestas a discusión y diálogo en el foro: «¿Debilitar controles anticorrupción o agilizar la ejecución del presupuesto?», organizado por el Icefi, en conjunto con la Fundación Friedrich Ebert. El evento, realizado el 18 de mayo, contó con la participación de los jefes de bancada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, y Orlando Blanco de la Unidad Nacional de la Esperanza; junto con el diputado que preside la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, del Congreso de la República, el oficialista Adim Maldonado.

En el evento, Ricardo Barrientos, coordinador del área de Acción Política del Icefi hizo una revisión de las iniciativas de Ley 5252, 5263, 5264 y 5269; las cuales fueron presentadas recientemente en el Congreso, y algunas ya cuentan con dictamen favorable.

La iniciativa 5252 propone modificar los destinos específicos del IVA-Paz, para que 2 puntos porcentuales de los 12 de la tarifa del IVA, se trasladen a las municipalidades –mientras que en la Ley del IVA vigente está establecido trasladar 1.5 puntos porcentuales-. Esto representa un monto de Q1,030 millones. Asimismo, la iniciativa busca que 0.5 puntos porcentuales se destinen a la tarifa social de electricidad.  Si bien, estos recursos son necesarios para los gobiernos locales, Icefi señaló que lamentablemente hay muchos casos de corrupción que pesan sobre algunas municipalidades; además de ser las entidades donde menos funciona la unidad de Acceso a Información Pública.

Por otra parte, las iniciativas 5263 y 5264 proponen reformas al presupuesto de 2017, que si bien se orientan a corregir errores en el texto vigente, para posibilitar la ejecución, también buscan debilitar, modificar o suprimir algunos «candados». El Icefi mostró preocupación especial porque la iniciativa 5263 propone suprimir la elaboración de un inventario -elaborado con base en el Siaf y el Snip de proyectos y obras-, con obligaciones de ejercicios anteriores, como condición para que puedan ser pagadas.

Finalmente, el Icefi analizó la iniciativa de ley número de registro 5269, que propone reformar la Ley de Contrataciones del Estado para modificar la compra de baja cuantía, -modalidad que no requiere cotización ni licitación- para elevar de Q 25 mil a Q 90 mil el monto a partir del cual se permite su aplicación. Además pretende que en esta modalidad se suprima la obligación de publicar en el sistema, los documentos de respaldo.

Luego de la presentación del Icefi, los tres diputados invitados expusieron sus posturas sobre estas cuatro iniciativas de Ley. El diputado Orlando Blanco, sobre la propuesta  5269, señaló que busca «ampliar la discrecionalidad en la adquisición de bienes» y que lo que hay de fondo es una resistencia permanente, por parte del funcionariado del Estado a todo nivel, por aplicar lo que dicta la Ley de compras y contrataciones.

Por su parte, la diputada Nineth Montenegro hizo alusión al proceso amplio y participativo que llevó a hacer cambios a la Ley de Compras y Contrataciones en 2016, como resultado de las condiciones idóneas que derivaron del destape de casos de corrupción de 2015. Al respecto indicó que las reformas planteadas en la iniciativa 5269 «contraviene los régimen de licitación y cotización, generaría mala interpretación en su aplicación, y se prestaría a actos de corrupción». Y sobre la iniciativa 5252 comentó que quienes reciben el beneficio de la tarifa social, pagan un monto mayor de la tasa de alumbrado público. Por lo que este fenómeno debe revisarse en la propuesta.

El presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, Adim Maldonado, indicó que la iniciativa 5252 es técnicamente inviable, porque «no se puede desfinanciar a otras instituciones que reciben recursos del IVA-Paz, solo por el antojo de algunos alcaldes». Informó sobre su petición a junta directiva del Congreso para que se traslade su discusión a la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso, y no en la Comisión de Energía y Minas, como ocurre ahora. Además, calificó de irresponsable el hecho que se quiera revisar la Ley de Compras y Contrataciones.

La actividad sirvió no sólo para informar del contenido de las iniciativas a la población guatemalteca. También sirvió para conocer las posturas y las visiones de las bancadas del Congreso, en relación a la legislación sobre transparencia en la ejecución del gasto público.