El foro «Inversión pública en pueblos indígenas: ¿Cuánto invierte el Estado?» se realizó el 4 de agosto en el Centro Universitario de Occidente –extensión de la Universidad de San Carlos en Quetzaltenango-, con gran afluencia de estudiantes y docentes, principalmente de ciencias económicas, y representantes de la sociedad civil quetzalteca. En el evento se dieron a conocer las cifras de inversión pública dirigida a pueblos indígenas, lo que generó diversas reacciones de la comunidad universitaria, por reflejar una exclusión de estos grupos en el presupuesto nacional.

El economista sénior del Icefi, Enrique Maldonado, expuso los resultados del estudio de inversión pública en pueblos indígenas, e inició explicando el contexto de la situación socioeconómica en que viven los pueblos indígenas. El estudio analiza las cifras de pobreza por ciclo de vida y determina que el 60% de niñez indígena de la primera infancia está en situación de pobreza; y es en los primeros años de vida de la población indígena, cuando más afecta la pobreza. Además, desagregando las cifras de pobreza por identidad étnica y comunidad lingüística, se evidencia que este flagelo afecta mayormente a grupos indígenas; principalmente a las comunidades Uspanteko, Ch’orti, Ixil y Q’eqchi’.

El estudio identificó, basado en el Presupuesto Nacional de 2015, que del monto total del gasto público de ese año, Q31,997.1 millones se dirigieron a la población ladino/mestiza, mientras que el monto destinado a población indígena fue de Q10,646.6 millones; con lo cual se afirma que por cada quetzal invertido en población no indígena, el Estado tan solo invierte 45 centavos en los pueblos indígenas. Y al analizar el gasto por finalidad, se determinó que Q4,500.8 millones se destinan a educación de población indígena; y el mayor porcentaje se destina a educación primaria. Esto  coincide con las bajas tasas de matriculación de adolescentes y jóvenes indígenas en básico y diversificado (25.7% y 12.5% respectivamente). Y la situación es muy similar cuando se analizan los indicadores sociales y la inversión en salud y vivienda, donde la situación de las comunidades indígenas es muy precaria.

Con estos indicadores se puede concluir que existe una discriminación de tipo económico hacia los pueblos indígenas. Para muestra, Maldonado comparó el municipio de San Marcos (cabecera del departamento del mismo nombre) que con población mayormente ladino/mestiza recibe una inversión pública de Q23 diarios, mientras que el vecino municipio de San Pedro Sacatepéquez –de mayoría indígena- recibe Q3 diarios.

Al finalizar, se abrió una discusión en la que participaron estudiantes y profesionales de ciencias sociales, y en la mayoría de casos se coincidió en que existe discriminación de parte del Estado en la formulación de políticas hacia los pueblos indígenas, y que es necesario incidir en las autoridades para que cambien el rumbo de estas políticas. Algunos estudiantes también hicieron críticas al modelo económico y la necesidad de buscar otras formas en donde no se exploten los recursos naturales, en detrimento de los medios de vida de las comunidades.