políticas públicas
Las lluvias se han hecho presentes este año, y nuevamente, han puesto en evidencia la vulnerabilidad del país ante fenómenos climáticos. Un temporal afectó el territorio nacional durante casi una semana y provocó derrumbes, calles inhabilitadas, viviendas y negocios afectados, cultivos perdidos, personas evacuadas y, lamentablemente, también la pérdida de 19 vidas humanas. No quiero imaginar si en lugar de un temporal nos hubiera afectado una tormenta tropical o un huracán.
La realidad en El Salvador muestra un bajo porcentaje de ejecución de la inversión pública, siendo una de las variables de ajuste frente a la débil situación fiscal del país.
El año 2030 fue establecido como una fecha en la que se esperaba ver avances significativos en la mejora del bienestar de la población mediante el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lamentablemente, a medida que nos acercamos a esa fecha, la realidad muestra brechas que no solo no se reducen, sino que aumentan.
En medio de la majestuosidad del Océano Atlántico, frente a la costa de Senegal, se encuentra la isla de Gorea. Este lugar, en el que se pueden observar unos atardeceres maravillosos, fue testigo de uno de los episodios más infames de la historia de la humanidad: durante más de tres siglos fue uno de los principales puntos para el comercio de esclavos; se estima que en esta isla más de 20 millones de niñas, niños, mujeres y hombres fueron despojados de toda dignidad humana y vendidos al mejor postor.
Recientemente fue publicado por el Centro de Investigación de Política Económica (CEPR, por sus siglas en inglés) una investigación coordinada por Dalgaard y otros autores reconocidos en esta materia, en el cual se estudia la duración temporal de los efectos generados por la provisión de bienes públicos.[1] En dicho documento, se estudia la relación existente entre la inversión pública en i
El viernes pasado el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó el reporte macroeconómico regional Crecimiento Inclusivo, retos y oportunidades para Centroamérica y República Dominicana.
Los días 26 y 27 de marzo se realizó en Santiago de Chile, el XXX Seminario Regional de Política Fiscal, organizado por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Evento al cual asistió el Icefi, para participar en la discusión sobre las tendencias y desafíos del gasto público y las finanzas públicas.
Cuando platico con algún extranjero sobre el aborto en El Salvador y le comento que está absolutamente prohibido se asombra. Se asombra porque en pleno siglo XXI, el país sigue aplicando políticas públicas basadas, en última instancia, en preceptos religiosos. Se asombra porque, a pesar de que organismos como la ONU o Amnistía Internacional han catalogado la prohibición absoluta del aborto como una forma de tortura, en el país hay personas que siguen promoviendo su total prohibición.
En 1987, el Informe Brundtland, establecía por primera vez que «el desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades». En palabras de mi madre, el desarrollo sería que mis hermanos y yo, vivamos en mejores condiciones que las que vivió ella.
¿Sabe usted cuál fue el país con menor desigualdad de ingresos en América Latina en 2015? Le contesto: fue El Salvador. Sí, así como lo lee: El Salvador. Según información de la Base de Datos Socioeconómicos para América Latina y el Caribe (SEDLAC), el coeficiente de Gini —el indicador más utilizado para medir desigualdad de ingresos— del país se ubicó en 0.408 en 2015, superando incluso a países como Uruguay (0.417) y Costa Rica (0.481) —como usted sabrá cuando el Gini está más cerca de cero es indicación de una menor inequidad.
A 20 años de finalizado el conflicto armado interno, y a pesar de la considerable ayuda exterior que desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 ha tenido Guatemala, el Estado no ha podido armar el rompecabezas que supone el desarrollo –sobre todo en áreas rurales-, en parte por la ruptura del tejido social que la guerra civil causó y cuyos principales desgarros permitieron el surgimiento de una serie de verdugos sociales como lo son la violencia, la impunidad, el racismo estructural, la corrupción, entre otros.
