mineria
El presupuesto público permite identificar las prioridades y apuestas que un gobierno tiene.
Es decir, cuando un programa, proyecto o entidad recibe una asignación de recursos públicos es porque existe un interés gubernamental en su fortalecimiento, lo cual no siempre es motivo de alegría, como describo a continuación.
La minería no es una actividad neutral ni en términos sociales ni ambientales, puede menoscabar el bienestar y el desarrollo sostenible de los países.
El foro público «La minería metálica en Centroamérica: impactos, transparencia y fiscalidad» se realizó el pasado 31 de marzo en la ciudad de San Salvador, con el propósito de presentar los hallazgos de un estudio del mismo nombre realizado por Oxfam, bajo la coordinación del Centro de Estudios Guatemala (CEG).
Haber escuchado las intervenciones de los diputados de los diferentes partidos que conforman la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, de la Asamblea Legislativa; o el desenvolvimiento de los diputados que asistieron a la plenaria de la semana pasada, era entrar en una dimensión desconocida en un país en el que alcanzar acuerdos de Estado parece una utopía.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) reconoce que el impacto fiscal de esta regulación es poco significativo en cuanto a pérdida de ingresos públicos, pues la minería aportó a las arcas públicas en 2016 cerca de USD600 mil.
El estudio «La minería metálica en Centroamérica: una valoración sobre impactos, transparencia y fiscalidad» se presentó en Ciudad de Guatemala, el 24 de marzo. El estudio estuvo bajo la conducción del Centro de Estudios Guatemala (CEG) –en coordinación con Oxfam Guatemala- ; además colaboraron FLACSO Guatemala y el Icefi, que tuvo a su cargo el capítulo «Aporte económico y fiscal de la minería en Guatemala, El Salvador y Honduras».
La decisión de explotar minerales, como el oro y la plata, requiere de la evaluación integral de factores económicos, sociales, ambientales, culturales e institucionales. En América Latina, estas actividades se han convertido en una fuente de conflicto social, violaciones de derechos humanos, deterioro ambiental, costos fiscales e ingobernabilidad. Un caso alarmante es el de nuestros vecinos en Guatemala, donde ocho de cada 10 municipios con licencias mineras presentan conflictividad social.
En Tegucigalpa se realizó el 13 de julio, el foro ¿De qué desarrollo estamos hablando? que incluyó la presentación de tres investigaciones, incluido el estudio «EITI: ¿Una iniciativa suficiente para la transparencia fiscal de las industrias extractivas en Honduras?» realizado por el Icefi. La actividad fue convocada por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (Eric), junto con el Icefi, la Universidad Saint Louis Missouri, Radio Progreso y la Conferencia Jesuita de Canadá y Estados Unidos.
En este documento se busca evaluar la pertinencia y efectividad de la EITI como instrumento de transparencia fiscal del sector extractivo guatemalteco, para lo cual se ofrece una revisión del contexto en el que se desarrollan las actividades mineras en Guatemala, así como una reflexión sobre la necesidad de que la transparencia fiscal de las industrias extractivas sea concebida como un medio para legitimar la democracia, y no como un fin en sí misma.
En este documento se busca evaluar la pertinencia y efectividad de la EITI como instrumento de transparencia fiscal del sector extractivo hondureño. Para ello, se presenta una revisión del contexto en el que se desarrollan las actividades mineras en el país, así como una reflexión sobre la necesidad de que la transparencia fiscal de las industrias extractivas sea concebida como un medio para legitimar la democracia, y no como un fin en sí misma.
