Criptomonedas
La implementación del Bitcóin no ha generado ningún beneficio real, pero ha tenido un alto costo de oportunidad al utilizar recursos públicos.
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La adopción del bitcóin en El Salvador ejemplifica la política económica de este gobierno: improvisación y mucha, pero mucha, opacidad. Sin estudios técnicos que la respaldaran, sin debate con la sociedad.
Ha pasado casi un año desde que la Asamblea Legislativa por iniciativa del Organismo Ejecutivo, aprobó la Ley Bitcóin.
Los pronósticos económicos son mucho menos infalibles que los pronósticos climáticos.
Es difícil comprender por qué, a pesar de la advertencia de especialistas, organismos multilaterales y los propios técnicos del Ejecutivo se quiera seguir adelante.
La estrepitosa caída de los precios de los bonos, el aumento del perfil de riesgo del país, la reducción de los ahorros en los bancos, la dificultad de obtención de financiamiento de corto plazo, así como la rebaja de la nota soberana de una calificadora de riesgo deberían ser razones suficientes para reconocer que se debe dar marcha atrás.
Si querían hacer historia lo han logrado. Pocas veces ha habido tanto consenso entre economistas, abogados y otras tantas áreas profesionales sobre los graves riesgos de la Ley Bitcoin y la recomendación de derogarla
Y quizá, aunque ella no lo sepa, una vez más tendrá que pagar la factura de las decisiones de políticos que utilizan el Estado para privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Solo que esta vez al estilo de los casinos virtuales, apostando con el bienestar del pueblo.
Desde la ciudadanía, debemos recordarles a nuestros funcionarios que los madrugones han sido la causa de muchas injusticias y profundización de las desigualdades.
