El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) valora la decisión del Consejo de Gabinete del Organismo Ejecutivo de Panamá de retirar de la Asamblea Nacional el Proyecto 1031 que pretendía sustituir la Ley N° 6 de 2002 sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública.[1] Esta medida atiende los numerosos llamados de preocupación y rechazo de organizaciones de sociedad civil, tanto nacionales como internacionales, redes de medios de comunicación y de organizaciones para la defensa de la libertad de expresión, gremios empresariales, grupos académicos y otros sectores sociales, que destacaron las debilidades del proyecto y los retrocesos que habrían representado para el ejercicio del derecho de acceso a la información.

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La Ley N° 6 de 2002 sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública continúa siendo un referente importante por ser la primera que se emitió en Centroamérica para regular y proteger el derecho de acceso a la información. Como cualquier disposición legal, es susceptible de revisión para adecuarla a los cambios de la realidad y las nuevas dinámicas sociales e institucionales, así como a la evolución de los estándares internacionales del derecho humano de acceso a la información en poder el Estado. Sin embargo, por su relevancia para la promoción de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, las autoridades deben procurar y garantizar que los cambios a incorporar, a través de reformas o de una nueva ley, resulten de una consulta robusta, amplia e incluyente y que tome el tiempo necesario sin presión.

Aunque el proceso de elaboración del proyecto de ley tuvo un acompañamiento técnico importante,[2] múltiples pronunciamientos públicos desde diversas voces de la sociedad panameña e internacionales confirmaron que no existió un proceso de socialización adecuado para facilitar su conocimiento y discusión, y que no resultaba apropiado que se estuviera promoviendo su aprobación de forma apresurada a ocho meses de las elecciones generales. Además, una vez que se pudo conocer la propuesta, se logró determinar con análisis comparativos y fundamentos técnicos[3] que no se adecuaba al espíritu de la Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre Acceso a la Información Pública de la Organización de Estados Americanos, como pregonaban sus impulsores.

De esta forma, la anunciada decisión presidencial representa una oportunidad para planificar de mejor manera un nuevo proceso de consulta, que favorezca una participación ciudadana amplia y diversa para lograr consensos alrededor de esta temática. Esa consulta deberá permitir que se identifiquen las áreas de la ley actual que podrían necesitar cambios a través de su innovación normativa, así como los esfuerzos para continuar armonizándola con otros cuerpos legales que favorecen la transparencia, la rendición de cuentas, la lucha contra la corrupción y la libertad de expresión. También debe permitir una reflexión crítica sobre las disposiciones de la ley vigente, que las entidades públicas no están cumpliendo en la práctica, que constituyan barreras al ejercicio de este derecho, y las medidas correctivas que podrían tomarse. Además, considerar los mecanismos idóneos para fortalecer la independencia e imparcialidad de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), como órgano garante de esta normativa.

A criterio del Icefi, en la víspera del 28 de septiembre, el Día Internacional del Acceso Universal a la Información, estas decisiones honran la importancia de este derecho humano para la transparencia fiscal y presupuestaria, necesario para la ciudadanía en al menos cuatro aspectos: obtener información sobre las cosas que le conciernen; tomar decisiones con conocimiento de causa; participar de forma significativa en las políticas fiscales y presupuestarias; y, poder exigir responsabilidades a las autoridades por su gestión de los recursos públicos. Así, los compromisos de los Estados deben estar orientados a fortalecer los mecanismos de transparencia y participación ciudadana, entre otros, para frenar la tendencia de los últimos años, plagada de medidas regresivas en materia de derechos humanos y de erosión democrática.

Centroamérica, 26 de septiembre de 2023.