Las organizaciones suscritas se suman a las expresiones de alarma y preocupación por la situación grave de violaciones a los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes (NNA) que han sido detenidos en la frontera sur de los Estados Unidos de América (EEUU). Demandan al Gobierno estadounidense una política migratoria comprometida con el respeto a los derechos humanos. Además, exigen a los Gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras poner en marcha políticas efectivas para revertir las causas estructurales de la migración.

La política conocida como Tolerancia cero para la entrada de criminales ilegales aprobada en un memorando del 6 de abril de 2018[1] emitido por el Fiscal General estadounidense, Jeff Sessions, demostró ser una medida agresiva y violatoria de derechos fundamentales. Tal como el Fiscal General Sessions expresó en su conferencia de prensa del 7 de mayo de 2018,[2] para las autoridades estadounidenses esta política permite la persecución penal de todos los migrantes refiriéndose de manera explícita a la separación de las personas menores de edad de sus acompañantes.

Al inicio de junio de 2018 medios periodísticos documentaron y denunciaron que, efectivamente, la aplicación práctica de esta política de Tolerancia cero incluyó la separación y detención de NNA, incluyendo imágenes de menores de edad tratados como criminales, encarcelados en condiciones que atentan en contra de su dignidad y abiertamente violatorias a sus derechos. Aunque aún se desconoce el número exacto de familias que fueron separadas por la aplicación de estas medidas, reportes de los medios periodísticos dan cuenta que por lo menos 2,700 familias han sido afectadas,[3] mientras que el Departamento de Seguridad Interna de EEUU informó al Senado de ese país que 2,342 NNA fueron detenidos entre el 6 de mayo y el 19 de junio de 2018, y que permanecen en más de 100 centros de detención ubicados en 17 estados.[4]

El conocimiento público de esta crisis humanitaria desató una ola mundial de indignación y condena, la cual seguramente incidió en la decisión del presidente Donald Trump para emitir la Orden Ejecutiva fechada 20 de junio de 2018,[5] en la que redefine la aplicación de la política de Tolerancia cero, en el sentido que el Gobierno estadounidense continuará con las disposiciones de esa política, pero manteniendo unidas a las familias migrantes y ordenándole al Fiscal General Sessions modificar el Acuerdo de Solución Flores.[6] Las organizaciones consideran que, aunque la Orden Ejecutiva del Presidente Trump da paso a una solución a la crisis humanitaria de los menores encarcelados, lamentablemente insiste en la aplicación de la política de Tolerancia cero. Por ello, reiteran su demanda al Gobierno estadounidense de adoptar una política migratoria que respete los derechos humanos, que no criminalice al migrante, y que garantice el respeto pleno de los derechos de las NNA que lleguen a ese país, independientemente de su situación legal.

Por otro lado, las organizaciones suscritas hacen un llamado de atención a los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras, que por sus mandatos constitucionales y por ética son los principales responsables del bienestar de sus ciudadanos que migran. Además, los gobiernos del Triángulo Norte Centroamericano (TNCA) son también los principales responsables de revertir las causas estructurales de la migración, evidenciadas en el hecho que esos tres países concentran 18 millones de personas en situación de pobreza, representando el 80% de los pobres y el 85% de los pobres extremos de toda Centroamérica.

Políticas fiscales inadecuadas que mantienen privilegios y estructuras tributarias injustas al tiempo en que minimizan los recursos para atender el bienestar social; la corrupción; sistemas de administración de justicia que continúan favoreciendo la impunidad y sistemas electorales que impiden democracias legítimas, continúan generando en el TNCA manifestaciones de crisis sociales, destacando especialmente la violencia y el desplazamiento forzado, agudizando la movilidad humana: las tasas de homicidios por cada 100,000 habitantes en 2017 fueron de 32 para Guatemala, 42.7 para Honduras y 60 para El Salvador, todas demasiado altas, a tenor de que la Organización Mundial de la Salud considera que si esta tasa se ubica arriba de 10 debe ser considerada como una epidemia. Durante el quinquenio 2010-2015, El Salvador ocupó uno de los primeros lugares en feminicidios a nivel mundial (con una tasa de 13.5 por cada cien mil personas), siguiéndole Honduras con 13.4 y Guatemala con 8.2. La organización Save the Children calcula que Honduras sufre la tasa de homicidio infantil (0-19 años) más alta de la región con más de 30 homicidios infantiles por cada cien mil habitantes, seguido por El Salvador por arriba de 20 y Guatemala con más de 15.

El llamado de atención a los gobiernos del TNCA se justifica, ya que los esfuerzos que realizan son cada vez más débiles. Según una investigación del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) realizada con apoyo de Plan International, en Honduras la inversión pública en NNA pasó de USD 0.90 per cápita diarios en 2010 a USD 0.82 en 2013; durante el mismo periodo Guatemala redujo su inversión pública en NNA de USD 0.72 a USD 0.69 per cápita diarios; en contraste, Costa Rica incrementó su inversión pública en NNA de USD 4.15 a USD 4.91 per cápita diarios durante el mismo periodo, casi seis veces la inversión pública en NNA de Honduras y muy por arriba de los USD 1.55 per cápita diarios que invierte El Salvador. De acuerdo al informe Las Múltiples Caras de la Exclusión realizado por Save the Children, Guatemala es el peor país de Latinoamérica para la niñez, ubicándolo en la posición 24 de la clasificación del índice de peligros para la niñez, mientras que Honduras se ubica en la posición 32 y El Salvador en la 56. Según cálculos de Icefi, en el TNCA 5.28 millones de niños, niñas y adolescentes se encuentran excluidos del sistema educativo.

Semejantes condiciones explican que la migración no es un acto criminal, sino una evidencia dramática de la aspiración humana por seguridad y refugio, por sobrevivir y buscar condiciones de vida dignas. Las organizaciones suscritas recuerdan a los gobiernos de los EEUU y del TNCA que desde 2014 el Plan Alianza para la Prosperidad del TNCA (PAPTN) se promocionó como una búsqueda equilibrada de condiciones que revirtieran las causas estructurales de la migración, motivada por el incremento dramático de niños y niñas migrantes viajando sin acompañantes que fueron detenidos por la patrulla fronteriza de los EEUU.[7] La realidad obliga a reconocer que el PAPTNno está funcionando.  Como agravante, las organizaciones consideran que medidas como la construcción de un nuevo y reforzado muro fronterizo, la cancelación del Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), o la terminación del Temporary Protected Status (TPS)[8] para El Salvador y Honduras, solo empeorarán la situación.

Finalmente, las organizaciones suscritas reiteran la necesidad de que los gobiernos de EEUU y del TNCA trabajen conjuntamente por fortalecer las capacidades de los Estados para revertir las causas estructurales de la migración. Este esfuerzo requiere agendas de desarrollo, integrales e incluyentes, con políticas fiscales sostenibles y con recursos públicos suficientes para financiar sistemas de protección universalistas que combatan la pobreza y la desigualdad, promoviendo, protegiendo y garantizando los derechos humanos especialmente los concernientes a las NNA; inversiones económicas y sociales que eleven la capacidad de producción y generación de empleo, y esfuerzos sostenidos contra la corrupción y la impunidad, entre otros. 

Centroamérica, 28 de junio de 2018.

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