El Icefi y la Fundación Friedrich Ebert -FES- de Honduras presentaron a la sociedad hondureña los resultados del III Informe de Política Fiscal y la Agenda Fiscal 2030 para Honduras. El informe contiene un profundo diagnóstico de la situación socioeconómica y fiscal de Honduras y una propuesta de medidas de política pública y fiscal que permiten avanzar en la construcción de una sociedad incluyente, sostenible, democrática y transparente.   Bajo el lema de que construir una mejor Honduras es posible, la presentación hizo una invitación a la sociedad hondureña a estudiar, reflexionar y crear las condiciones para que la política fiscal, en alineación con otras políticas públicas, abone al cumplimiento de los principales objetivos de desarrollo sostenible, como resultado de renovados y amplios acuerdos políticos.

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La presentación inició con la revisión a la realidad hondureña actual a partir de las condiciones de los entornos económico, social, ambiental, jurídico y político, de género y fiscal, como paso fundamental para conocer cuáles son los diferentes elementos que deben ser tomados en consideración para la preparación de las acciones necesarias para construir un mejor país. En el entorno económico se destacó que Honduras experimentó un rebote económico en 2021 que lo llevó a reportar un crecimiento del 10.3%, que recuperó en parte la caída del 9.0% en 2020; además, se estima que el ritmo de actividad económica en 2022 se ubicará en torno al 4.0%, en sintonía con el nivel potencial de la economía hondureña del 3.8%. Lamentablemente, el crecimiento de la actividad económica no ha sido suficiente para mejorar el nivel de PIB per cápita del país, el cual, junto a Nicaragua, son los menores y de más baja dinámica en la región centroamericana.

Gran parte del problema se debe a la alta concentración de las exportaciones en productos agrícolas y de escasa creación de empleo, que producen un sector externo deficitario que depende en gran parte de las remesas de los trabajadores migrantes del país. La baja complejidad productiva hace que Honduras sea poca atractiva para la inversión extranjera, lo que afecta la disposición de recursos para la ampliación y mejora de las capacidades productivas.  Dicha situación ha sido reiterada en el Índice de Competitividad Global que muestra una caída desde la posición 86 en 2012 hasta la 101 en 2019.   Entre otros factores que influencian dicha situación están: el incremento de los niveles de corrupción del aparato público, la incapacidad para contar con trabajadores mejor calificados y la pérdida de competitividad por factores monetarios, derivados de una apreciación relativa del tipo de cambio efectivo real en el país, en gran parte por el uso de la estrategia monetaria basada en el inflation targeting.

En materia social, Honduras es el país de la región con el mayor número de pobres, derivado tanto de la imposibilidad de crear mejores esquemas de producción, como de distribución del ingreso. Sobre este último particular, conjuntamente con Guatemala, Honduras es el país más desigual de la región, con un índice de Gini de 0.53 y con el hecho que del ingreso producido, el quintil mas rico del país percibe 18.5 veces más ingresos que el quintil inferior de personas. Además, la incapacidad del aparato productivo para generar empleo en las cantidades y calidades necesarias ha provocado que Honduras sea el país con el mayor nivel de informalidad de la Centroamérica, al tiempo en que la migración forzada es constante.

En materia ambiental Honduras continuó perdiendo bosques en forma acelerada; asimismo, se identifican patrones de consumo ambiental insostenible, especialmente de agua.  El país enfrenta una creciente vulnerabilidad frente al cambio climático debido, entre otros fenómenos, a la deforestación profunda, el bajo aprovechamiento de la energía renovable y a la apuesta equivocada en las industrias extractivas.  En el contexto jurídico y político, la administración gubernamental actual hereda un aparato público en donde predomina el debilitamiento del Estado de Derecho, el irrespeto a la ley, la participación ciudadana limitada y un esquema de funcionamiento que ha privilegiado la corrupción y la impunidad, el tráfico de influencias y los privilegios particulares. En materia de género, en el país se manifiesta una fuerte desigualdad, por ejemplo en la estructura de trabajo:  la mujeres perciben una remuneración menor a la de sus pares hombres; una fuerte prevalencia del trabajo no remunerado de la mujer y bajos niveles de acceso a la salud, educación y sistemas de seguridad social, así como en la participación política.

En materia fiscal, aunque los recursos públicos del Estado hondureño han mejorado ligeramente, no lo han hecho al ritmo que las necesidades del país lo demandan, así la carga tributaria se elevó desde el 13.6% del PIB en 2001 al 15.9% esperado en 2022.  La forma de elevar la tributación preferida ha sido por medio de la profundización en la regresividad de la estructura tributaria, que ha convertido a Honduras como el país de la región en donde los impuestos indirectos presentan un mayor porcentaje de la recaudación. Gran parte de la falta de recursos deriva de la prevalencia de un régimen tributario plagado de tratamientos tributarios diferenciados, que necesitan ser evaluados para verificar su beneficio-costo y de la falta de mediciones en materia de incumplimiento tributario, contrabando, flujos ilícitos de capital y otras filtraciones.

El gasto del país, en términos del PIB, se ha mantenido relativamente constante desde el inicio del presente siglo, sin embargo, persisten prácticas de inefectividad. El BID, de la misma forma como Icefi lo mostró en su momento, ha concluido que alrededor del 4.6% del PIB se desperdicia, sin lograr los resultados esperados; esto se refleja en el nivel de corrupción del país, medido por el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, en donde conjuntamente con Guatemala y Nicaragua, Honduras está en el cuartil de las naciones más corruptas del mundo.  En forma complementaria, la deuda soberana del Estado ha crecido denotando algunos signos de vulnerabilidad, especialmente en la relación con los ingresos tributarios. 

En este contexto y tomado en consideración que entre las premisas de la Constitución Política de la República de Honduras se llama al Estado a propiciar condiciones de libertad, seguridad, estabilidad, paz, democracia y el bien común, y que el plan estratégico del país busca la creación de un país sin pobreza extrema, con una sociedad educada y sana y con sistemas consolidados de previsión social; productivo, con la capacidad de generar condiciones de empleo digno y que además sea transparente, competitivo  y digno, el Icefi propone el establecimiento de una agenda de acciones y mecanismos de política, denominada Agenda Fiscal 2030 para Honduras, cuya ejecución crearía las condiciones para mejorar el bienestar social al tiempo en que se aumenta la capacidad productiva y de empleo y se promueve la sostenibilidad ambiental.

La Agenda Fiscal 2030 pretende la implementación de cinco objetivos nacionales, siendo ellos: la erradicación de la pobreza extrema; la universalización de la educación primaria y secundaria; la universalización de la salud; el fortalecimiento de la infraestructura que implicaría la universalización de los servicios de agua, electricidad y saneamiento y el incremento significativo de la infraestructura vial, así como la creación de condiciones para construir un Estado efectivo para el cumplimiento de sus responsabilidades.   Las acciones contenidas en dicha agenda cuestan aproximadamente USD19,000.0 millones que deberán sumarse al gasto e inversión pública. Esto representa alrededor de 10.1% del PIB a ejecutarse durante el período 2022-2030.  Para financiar dicha Agenda, Honduras, con la voluntad política suficiente, puede explorar espacios fiscales disponibles por alrededor de 13.1% del PIB, que devendrían de la reducción en el incumplimiento tributario, la mejora en el control de tratamientos tributarios diferenciados, la reducción de los flujos ilícitos de capital, la eliminación de los gastos ineficientes y la mejora en la administración de la deuda pública.

Como consecuencia de la implementación de la Agenda, se producirían efectos sociales de gran envergadura, además de reducir el nivel de deuda pública en cerca de diez puntos del PIB, la elevación de la producción potencial del país en alrededor de 1.0% y la creación de unos 270,000 nuevos empleos durante el período.

La propuesta de la Agenda 2030 para Honduras, aunque no cumpliría con todos los ODS, si garantizaría una mejora sustantiva en el bienestar, de la productividad social y económica y la construcción de un Estado más efectivo, y aun cuando todavía hay muchos aspectos por evaluar, implicaría un paso transcendental hacia la construcción de una mejor Honduras, moderna, desarrollada y competitiva. Es importante que la sociedad hondureña debata y reflexione sobre alternativas, como la presentada el día de hoy, que demuestran que otra Honduras es posible, una en la que la política fiscal juegue un rol protagónico allanando el camino al desarrollo y la democracia.

Tegucigalpa, M.D.C.,12 de mayo de 2022.