

Icefi rechaza iniciativa de ley que propone «legalizar» el fraccionamiento en la adquisición pública de medicamentos y otros
Por considerar que su aprobación constituiría un grave retroceso en materia de transparencia de las adquisiciones públicas, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) expresa su rechazo a la iniciativa de ley número 5075 presentada por los Diputados Luis Hernández Azmitia (MR), Presidente de la Comisión de Salud, Estuardo Vargas Morales (UNE), Presidente de la Comisión de Fiscalización de Compras del Sector Salud, Julio Francisco Lainfiesta (UCN), Karla Martínez Hernández (AC), Christian Gabriel González (FCN-Nación), Víctor Manuel Estrada Orellana (MR), Maira Alejandra Carrillo (MR) y Eduardo Ramiro De Matta (FCN-Nación).
El Icefi recuerda que las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado del Congreso de la República, aprobadas en el decreto No. 9-2015, constituyen uno de los principales avances en materia de transparencia, el que fue motivado por la presión del movimiento ciudadano de 2015. En estas reformas se logró legislar la sanción a prácticas anómalas en las adquisiciones públicas, tal como el pacto colusorio y el fraccionamiento, y se crearon modalidades ágiles y transparentes de adquisición pública.
El Icefi explica que el fraccionamiento es una forma de fraude, en el que se elude la obligación de usar modalidades de adquisición pública que se basan en concursos abiertos y competitivos, como la licitación pública (para montos a partir de Q 900,000), o la cotización pública (para montos entre Q 90,000 y Q 900,000), sujetos a controles de transparencia severos. Con el fraccionamiento se busca abusar de modalidades especiales como la compra de baja cuantía (para montos hasta de Q 10,000), o la compra directa (para montos de Q 10,000 hasta Q 90,000), para las cuales, con el propósito de hacerlas ágiles la ley exime de los controles aplicables a la cotización y licitación públicas. El Icefi advierte que la iniciativa de ley No. 5075 propone una excepción a las sanciones aplicables a esta forma de fraude, la cual aplicaría a la adquisición de insumos básicos y medicamentos que realicen las unidades ejecutoras del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
El Instituto critica además que la iniciativa de ley proponga que las instituciones adquirientes fijen discrecionalmente los precios de referencia para la adquisición pública de bienes y servicios, en particular distorsiona severamente la efectividad de la nueva modalidad de la Subasta Electrónica Inversa. Además, el Icefi rechaza la propuesta de suprimir la obligación de que los medicamentos cumplan con el Reglamento para el Control Sanitario de los Medicamentos y Productos Afines. El Instituto reitera que la aprobación de cualquiera de estas medidas sería el retorno a un sistema de adquisiciones públicas, especialmente en el sector salud, vulnerable a la corrupción y al tráfico de influencias, lo cual contrasta por ir en dirección opuesta a los esfuerzos logrados por el Ministerio Público y la Cicig en los casos conocidos como «IGSS-PISA», «IGSS Chiquimula» y «Negociantes de la Salud», incluso alentando e incentivando justamente las prácticas anómalas que en estos casos se están persiguiendo penalmente.
El Icefi reitera su posición en cuanto a que las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado aprobadas en el Decreto 9-2015 no son las causantes de la crisis de desabastecimiento en el sector salud; y que «legalizar» el fraccionamiento, y la corrupción que facilita, no puede ser una solución aceptable. Por el contrario, el Icefi sostiene que el origen de la crisis es previo a la aprobación de la reforma que se pretende revertir con la iniciativa de ley, y que se ha agudizado por las reducciones en los presupuestos de las entidades del sector salud, la negativa por parte de las autoridades del gobierno anterior a levantar oportunamente los eventos para la adquisición de insumos hospitalarios, planificación deficiente y las dificultades propias de un cambio de gobierno, en el que asumen funcionarios sin conocimiento ni experiencia de los procedimientos y normas de adquisición pública.
Finalmente, el Icefi insiste en que la solución a la crisis del sector salud pasa por el incremento a los rubros prioritarios de los presupuestos de las entidades del sector salud, así como la adopción de medidas concretas que ayuden a superar la debilidad institucional crónica, el desorden y la planificación deficiente. El Icefi recomienda la discusión de una Política Sanitaria con un plan y medidas concretas que permitan la aplicación de las leyes, así como la persecución de la corrupción y la negligencia que plagan el sector salud.
Guatemala, Centroamérica, 13 de mayo de 2016.
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