GT-016-2015. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) presentó al Congreso de la República diez propuestas de reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, las cuales considera prioritarias para la transparencia fiscal y el combate a la corrupción.

El Icefi considera que el sistema guatemalteco de adquisiciones estatales requiere una reforma integral y profunda, tal como lo sugirió la autoevaluación realizada entre noviembre de 2009 y julio de 2010 según la metodología la OCDE. El Instituto reiteró que esta reforma integral requiere una ley de adquisiciones estatales nueva, además de otras reformas en varias leyes e instituciones. Estima que la mesa de trabajo para reformar la Ley de Contrataciones del Estado convocada por el Congreso de la República el pasado 3 de junio de 2015 es un espacio de muy corto plazo que no permite la discusión al detalle y profundidad que esta ley nueva y la reforma integral al sistema de adquisiciones públicas requiere. Sin embargo, reconoció que la mesa es una oportunidad para impulsar reformas de carácter prioritario y estratégico a la Ley de contrataciones del Estado actualmente vigente. Dichas modificaciones, aunque insuficientes, son necesarias.

En la primera de sus propuestas, el Icefi plantea definir y sancionar drásticamente el conflicto de interés, prohibiendo que dignatarios, funcionarios, empleados, todo servidor público, y los financistas de campañas electorales puedan ser proveedores o contratistas del Estado. El Icefi propone introducir modalidades modernas como la subasta electrónica inversa y que la presentación electrónica de ofertas sea una obligación en todas las modalidades de adquisición pública. Propone la creación de un registro único de proveedores y contratistas del Estado, una medida que evitaría que entidades «de cartón» defrauden al Estado y que favorecería tanto a las entidades del Estado como al sector privado al fomentar la competencia, la certeza jurídica y una mayor participación.

El Icefi propuso además el fortalecimiento del Instituto Nacional de Estadística para que sea la entidad responsable de proveer los precios de referencia necesarios en los concursos de adquisiciones públicas, así como el fortalecimiento del contrato abierto, el cual según la experiencia internacional, bien regulado ha demostrado ser la modalidad más conveniente, eficiente y efectiva para adquisiciones estatales de bienes y servicios por volumen, a precio fijo. En particular, propone limitar la prórroga de este tipo de contratos.

 Sugirió normas para evitar el abuso de los casos de excepción, necesarios en procesos específicos y altamente regulados. Propuso que la compra directa, los arrendamientos y la contratación de servicios técnicos y profesionales no deben ser considerados casos de excepción, y deben contar con normas específicas para su funcionamiento transparente. Asimismo, el Instituto propuso endurecer severamente las sanciones a las violaciones a la ley y buscar mecanismos legales que eviten el abuso del amparo y otras formas de impugnación. Planteó la necesidad de definir con claridad el fraccionamiento y medidas para fortalecer la institucionalidad responsable de las adquisiciones estatales.

Finalmente, el Icefi propuso que una vez concluido el trabajo de esta mesa técnica, el Congreso de la República se comprometa políticamente a la creación de un espacio de discusión abierto, participativo y transparente, en el cual se abordaría la discusión para una reforma integral del sistema de adquisiciones del Estado. 

El Icefi cree que las reformas que el Congreso de la República pueda aprobar, toda vez provengan de un proceso de discusión incluyente, técnico, abierto y transparente, tienen el potencial de contribuir a responder la demanda ciudadana urgente por más transparencia y combate enérgico en contra de la corrupción. El Icefi espera que el Pleno del Congreso de la República cumpla con este objetivo aprobando reformas que no alteren la propuesta técnica que emerja de la mesa de trabajo y que cree el espacio propuesto para la discusión de una reforma integral al sistema de adquisiciones estatales.

Guatemala, Centroamérica, 23 de junio de 2015.